El Movimiento ciudadano Teruel Existe denuncia que “La comisión de investigación de las renovables en Aragón fue fruto de la estrategia del Partido Popular en la campaña electoral de cuestionar la política seguida respecto a esta cuestión por el gobierno de Lambán para su desgaste, fingiendo una voluntad de cambio incluso bajo la amenaza de denuncia en el juzgado”.
En rueda de prensa ofrecida por Manolo Gimeno y Jesús Villamón, denunciaron cómo “el PP ha continuado e incluso acelerado la implantación de macro renovables, y asumiendo sin el más mínimo cuestionamiento los planteamientos de no ordenación de Forestalia y las eléctricas, que han capturado (secuestrado) las políticas públicas de Aragón a lo que el PP se ha prestado”.
Desde Teruel Existe mostraron su convencimiento de que existe un acuerdo entre el PP y PSOE en torno a las grandes producciones de renovables, que ya materializó en la ley de la Energía, “impidiendo que se desarrollara la comisión como debía, al contrario, se hizo sin transparencia y sin capacidad de fiscalizar la acción del gobierno por parte de los grupos parlamentarios críticos con el modelo actual”.
Aseguraron que “el procedimiento de la comisión de investigación fue diseñado para su fracaso y que pareciera que no se había encontrado ningún indicio de actividad sospechosa por parte del Gobierno de Aragón. Cuando varios testimonios dejaban claro el trato de favor a ciertas empresas, las más que dudosas evaluaciones ambientales del INAGA o la inexistente política de protección del paisaje o urbanística en esta materia”.
Argumentaron su crítica en los factores institucionales y políticos que la condicionaron. Entre los primeros se encontraría que las conclusiones debían salir por unanimidad, “por ello las que salieron aprobadas fueron extremadamente genéricas y se vetó cualquier posibilidad de cuestiones más reales y críticas”. Además, a la hora de solicitar los comparecientes, se hizo en función del tamaño del grupo y se fijó por la mayoría un número máximo escaso de sesiones que no se podía superar. En cuanto al formato de las sesiones, “cuando se producía una comparecencia el ponente exponía su visión y desde los grupos parlamentarios solo se podía intervenir una vez sin posibilidad de repreguntar y dejando la última palabra al compareciente, además el tiempo de intervención se limitó a entre 3 y 5 minutos.
Gimeno habló también de factores políticos, de lo que considera un “boicot activo, porque desde los grandes partidos se diseñó el funcionamiento de la comisión para que naciera muerta y no pudiera prosperar en sus intenciones. Al mismo tiempo, se usaba al diputado del PAR como elemento disruptivo, con el beneplácito del PP y PSOE, con intervenciones vehementes y con frecuencia faltando al respeto de los comparecientes, con constantes desprecios a la comisión”.
Para Teruel Existe, esta situación “junto a la pasividad de CHA, que buscaba pasar página lo antes posible, dejaba únicamente a dos grupos con voluntad de llegar al fondo, Teruel Existe e IU, dado que VOX se mostraba crítico solo en algunos momentos, pero a la hora de la verdad, aún gobernaba en coalición con el PP y no se atrevía a ir más allá”.
Denuncian también la opacidad de la comisión, puesto que acordaron no transmitir las sesiones en streaming, y además que no se ofrezcan disponibles al público con posterioridad. “La primera sesión ni siquiera se permitió seguir a los periodistas, generando un pequeño escándalo en las Cortes”, apuntó Gimeno. Por último, incidieron en que algunas de las personas clave que debían declarar lo hicieron por escrito, alegando motivos de salud, por lo que fue del todo imposible la confrontación de hechos y las repreguntas. Estos fueron: Arturo Aliaga, vicepresidente del PAR con Lambán o Jesús Lobera, director del INAGA en el periodo a investigar. “Dos personas más que relevantes para el caso”, concluyeron.
