Sostienen que el Proyecto que se encuentra en audiencia pública “pone los recursos de nuestros pueblos a disposición de los grandes intereses económicos para seguir alimentando el negocio de la especulación energética”.
Solicitan paralizarlo hasta planificar, ordenar y limitar el uso de recursos
Desde el Grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento Ciudadano Teruel Existe han presentado alegaciones al “Real Decreto 611/2026 por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos” cuya fase de audiencia pública finaliza el 4 de septiembre de 2026. Las alegaciones se van a ceder a ALIENTE (Alianza Energía y Territorio) para que las distribuyan a plataformas y entidades de todo el país.
El portavoz, Ernesto Romeo, denunciaba esta mañana en rueda de prensa que el propio Ejecutivo haya denominado en el Decreto a los centros de datos como “sostenibles”, una “hipocresía al máximo nivel”, dado que consideran que “en España tenemos un problema inmenso con la gran cantidad de proyectos de centros de datos previstos, y mucho más concentrado donde tenemos agua como es el corredor del Ebro, tanto en Aragón como en Cataluña, con una invasión de centros de datos que no tiene ningún sentido y es inadmisible”.
Explica que el Gobierno está planteando este Decreto sobre premisas falsas como que los centros de datos solo gastarán un 80% de energía mediante renovables, “lo que es mentira, no es viable por la inestabilidad del propio sistema”, o que “tienen que ser energías renovables nuevas para no tocar las de nuestro sistema, y así provocan que se continúe especulando con el medio rural todavía más”.
Sostienen que el avance del Decreto puede suponer “destruir todo Aragón y los pueblos de la España vaciada”. Argumentan que es la constatación de “la pretensión de continuar invadiendo nuestros montes y campos de macroinstalaciones, ocupar miles de hectáreas, construir nuevas líneas y subestaciones, transformar paisajes, consumir agua y territorio, con el objetivo principal de alimentar centros de datos de grandes dimensiones”. Para el Movimiento ciudadano esto no es la transición ecológica, sostenible y energética que prometen sino que es “un negocio de los grandes poderes de Estados Unidos que han venido aquí a destruir el país; y además no lo compran, simplemente se lo están regalando los gobernantes sin límites, hasta le quitan la capacidad de cobrar los impuestos pertinentes a nuestros ayuntamientos”.
Además, recuerdan que los centros de datos necesitan un consumo de agua potable “enorme”, que una vez ha pasado por sus sistemas de refrigeración “aproximadamente el 70% se evapora y el resto queda irreversiblemente contaminada”. Para el portavoz, “no tiene sentido comprometer grandes cantidades de agua dulce para alimentar instalaciones que consumen cantidades extraordinarias de electricidad y que, su relación con la economía local es solo perjudicial”. Denuncian que no hay una planificación pública que la proteja.
Por todo ello, trasladan que “este Decreto tiene que pararse y cambiarse entero, para primero planificar, limitar cuántos centros de datos necesitamos realmente, decidir dónde van, y controlar de verdad, entre otras cosas, el uso del agua”.
La ley aragonesa abre un “agujero” a la especulación
Para Teruel Existe es especialmente agravante la situación en Aragón, con la Ley 5/2024 (aprobada la pasada legislatura por PP y PSOE bajo el mandato de Jorge Azcón) actualmente vigente y aplicable, incluidos los preceptos impugnados, aunque existe un recurso de inconstitucionalidad pendiente de resolución definitiva. Previamente, el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional la ley anterior (prácticamente idéntica y aprobada en el mandado del cuatripartito de Javier Lambán). Romeo explica que “la ley puede aplicarse mientras se está tramitando ese recurso, lo cual no quiere decir que sea constitucional, pero está parálisis no otorga ninguna seguridad jurídica”.
Además con este Decreto, “queda abierto un agujero para que en Aragón se utilice la ley aragonesa, y que la pueden copiar luego otras comunidades autónomas, en las que intenten como en Aragón resucitar proyectos caducados y presuntamente corruptos, generando líneas privadas solo para el beneficio privado expropiando a la ciudadanía, utilizando la ley franquista también para esto. Esto no tiene límite, no tienen vergüenza, la ciudadanía tiene que despertar, y los centros de datos no nos aportan nada bueno al país, simplemente destrucción y expolio”.
Por ello, Teruel Existe reclama al Tribunal Constitucional que resuelva cuanto antes las cuestiones pendientes que afectan a la compatibilidad de esta legislación con el marco estatal energético y competencial, porque mientras avanzan proyectos de enorme impacto territorial.
“La provincia quedaría relegada a ser batería barata de territorios desarrollados”
“No queremos que Teruel, Aragón y otras zonas de la España vaciada, se conviertan simplemente en un territorio productor de electricidad para alimentar actividades económicas que se desarrollan y generan su principal valor añadido en otros lugares” afirma Romeo, quien insiste en que “el consumo de recursos, la ocupación territorial y el impacto de estas infraestructuras realmente no van a generar ni empleo estable ni actividad económica en nuestros pueblos. No beneficia a la industria local, no genera empleo, ni atrae población, ni servicios públicos, ni beneficia a que otras empresas generen actividad económica; la riqueza extraída no va a permanecer en el territorio”.
“Teruel no puede convertirse en una batería barata ni en un gigantesco solar industrial al servicio de negocios que se deciden a cientos o miles de kilómetros de nuestros pueblos. Red Eléctrica Española con sus nuevas líneas de transporte junto a la Ley de Energía de Aragón están destinando la provincia al expolio total. Nuestros montes no son una cuenta de resultados. Nuestra agua no es un recurso ilimitado. Nuestro territorio no es un solar vacío. Y nuestros pueblos no pueden ser simplemente el lugar donde se colocan las instalaciones molestas mientras el valor económico se marcha fuera”.
Alegaciones al Real Decreto
Para Teruel Existe, el proyecto del Real Decreto de sostenibilidad de los centros de datos presenta importantes agujeros jurídicos, energéticos y ambientales. Uno de los problemas fundamentales que señalan es que existen más de 12 GW de capacidad de acceso comprometida, “una cantidad gigantesca que representa aproximadamente el 22,3 % de la punta de demanda nacional peninsular prevista para 2030”. Consideran que esta gran capacidad eléctrica estará destinada a los centros de datos, “que serán los auténticos consumidores energéticos industriales pero sin generar empleos”. Por tanto, exigen “que se diga claramente y que no se disfrace de transición energética de lo que es en realidad, un negocio basado en nuestros recursos naturales y en la capacidad eléctrica que pagamos entre todos”.
A esto se suma el grave problema de la especulación generada alrededor de los puntos de conexión y de la capacidad eléctrica: cuando una determinada capacidad de acceso queda reservada, esa capacidad deja de estar disponible para otros proyectos. Esto significa que mientras se bloquean gigavatios de capacidad, puede haber proyectos industriales, empresas, cooperativas, comunidades energéticas o iniciativas de electrificación que no puedan acceder a ella.
Consideran suficientemente desmentido que los grandes macroproyectos de renovables o centros de datos sean grandes generadores de empleo, así como que con las macro renovables avancemos hacia una economía descarbonizada, “no sólo no va a sustituir los combustibles fósiles ni la energía nuclear, sino que los hace más necesarios para mantener la estabilidad del sistema eléctrico”.
Romeo ha recordado la alerta de la ONU pidiendo una moratoria en la construcción de centros de datos, señalando que “Nos hemos embarcado en un suicidio anunciado”, y alertando del impacto en el consumo energético e hídrico como amenazas globales. También llama la atención sobre la escalada de la oposición civil y regulatoria a los centros de datos a nivel global, convirtiéndose en un conflicto social y político de primer orden debido al consumo extremo de recursos exigido por el auge de la Inteligencia Artificial, de la que han destacado que “el 60% se utiliza para matar personas”.
En definitiva, la pregunta que lanzan a la ciudadanía es “¿Quién está ganando realmente con esto? Porque nuestros pueblos ponen el suelo, nuestros vecinos soportan las líneas eléctricas que pagamos todos los ciudadanos, nuestros paisajes soportan las instalaciones, nuestro territorio soporta las afecciones ambientales y nuestras administraciones lo permiten. Pero los grandes beneficios acaban en manos de empresas que ni siquiera tienen su actividad principal en nuestro territorio”. De tal forma que la siguiente pregunta es: “¿Tiene esto algo que ver con una energía limpia?”
Por todo ello, solicitan al Gobierno que modifique el Real Decreto: “que limite los centros de datos que se pueden instalar, que cierre el agujero de los centros de datos off-grid (que funcionan fuera de la red eléctrica convencional), que garantice una evaluación ambiental rigurosa, que impida la especulación con la capacidad eléctrica, que establezca mecanismos de transparencia e integridad, que coordine la planificación estatal con las comunidades autónomas, y, sobre todo, que responda a una pregunta muy sencilla: ¿Para quién estamos haciendo esta transición energética: para los ciudadanos, para nuestra industria, para nuestros pueblos o para unos pocos que se quedan con el negocio?”
