El Movimiento ciudadano evidencia las falsedades del Real Decreto de descarbonización del transporte aprobado este verano y critica la hipocresía política de la «falsa transición ecológica» a costa del sacrificio del medio rural y cómo “regalan el dinero de los ciudadanos a los especuladores”.
Evidencian las mentiras con el retraso durante décadas en la incorporación del transporte de mercancías por ferrocarril, que en la actualidad solo es el 3,47%.
Teruel, 17 de septiembre de 2026.- Ernesto Romeo, portavoz del Grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha comparecido en rueda de prensa para evidenciar ante la ciudadanía las falsedades y el impacto del ‘Real Decreto para el impulso de la descarbonización del sector del transporte y el fomento de los combustibles renovables’, aprobado el pasado mes de julio de 2026 por el Gobierno de España.
Consideran esta normativa como “una nueva agresión al medio rural y un mecanismo diseñado para el beneficio de fondos de inversión y grandes corporaciones, cuyos costes terminaremos pagando desde la ciudadanía”. “Nos encontramos ante un sistema de mentiras sin límite. Estos combustibles de los que habla el Gobierno en el decreto no tienen nada de sostenibles, y de descarbonización tampoco, porque nos imponen combustibles que contaminan lo mismo”. En definitiva, lamenta que los políticos hayan “robado” el término ‘sostenible’ del vocabulario: “para ellos significa especular, ganar dinero con el expolio del medio rural y destruirlo, mientras que para los ciudadanos significa algo muy distinto”.
Como ejemplo se ha adentrado en el hidrógeno verde que pretenden usar para hacer estos combustibles, “del que la propia Unión Europea ha reconocido en sus informes que carece de demanda real y de competitividad financiera”. Ha explicado que “son subvencionadas con ayudas de la UE y destruyen las moléculas del agua (H2O) rompiéndola para extraer el hidrógeno, eliminándolas por completo del ciclo natural del agua en esas zonas”. De tal forma, ha continuado el portavoz, “en territorios como la comarca de Andorra o pueblos como Calanda y Alcorisa, donde el agua ya es un recurso escaso, nos están abocando a convertirnos en un desierto y hundir la agricultura”.
Asimismo, ha recordado que la producción de estos combustibles exige la implantación masiva de macro centrales de renovables que “alicatan” el paisaje rural con placas solares y aerogeneradores, destruyendo la naturaleza y los pueblos sin aportar valor económico local, tal y como ya reflejó el Banco de España en un informe al respecto. Desde el Movimiento ciudadano denuncian que la infraestructura necesaria para este masivo despliegue de renovables (incluyendo las nuevas líneas de alta tensión requeridas por las refinerías y los centros de datos) “no será financiada por las empresas beneficiarias, sino que se recurrirá al bolsillo de los consumidores a través de incrementos en la factura de la luz y el aumento de la deuda pública”. El Gobierno de España ha ampliado la inversión prevista para las redes de transporte eléctrico y la planificación para el año 2030 ya supera los 17.000 millones de euros.
Pero además, añade: “Estos combustibles no solo contaminarán lo mismo y destruirán el territorio, sino que el propio decreto ya avisa de una previsible subida de su precio”. Ha lamentado que en estos casos estas grandes empresas “piden rescates públicos como el solicitado ayer mismo por el sector fotovoltaico, de tal forma que siempre pagamos los mismos”.
Desvío de las mercancías por carretera, contra la exigencia de la UE
El Movimiento ciudadano Teruel Existe expone a su vez la evolución regresiva del transporte de mercancías por ferrocarril en España durante las últimas tres décadas, “desmantelando las administraciones una alternativa verdaderamente limpia”.
Romeo ofrecía los datos del periodo 1995-2005, en el que el Plan Estratégico de infraestructuras y transporte (PEIT) fijaba un objetivo de entre el 10% y el 15% de transporte de mercancías por ferrocarril. La realidad, ha señalado, “es que en 1995 se transportaba un 10% y se cayó en 2005 hasta el 6%”. El objetivo fue rebajado para el periodo 2005-2015 y se cerró el periodo con apenas un 4,8%”. La última revisión, para 2015-2025, fijó la meta en el 10%, sin embargo, “España se encuentra actualmente en un mínimo histórico del 3,47% de transporte de mercancías por tren, una cifra que choca frontalmente con las exigencias de la Unión Europea, que dictamina que para el año 2030 el volumen ferroviario debe alcanzar el 30%”.
Han destacado que “la carencia de inversión ferroviaria y el desvío del transporte pesado a las carreteras y autovías, provocan el desgaste estructural de las vías de comunicación, como estamos viendo con la autovía A-23 a su paso por la provincia”. Romeo señala que actualmente, “España arrastra un déficit acumulado de más de 10.000 millones de euros en la conservación viaria, una cuantía que, bajo las presiones de Bruselas debe buscar vías alternativas de financiación, y volverá a repercutir directamente en los bolsillos de los ciudadanos mediante peajes o nuevas tasas”.
Por todo ello, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe hace un llamamiento a la concienciación social frente a un decreto frente al que “ningún otro partido político ha alzado la voz”, reafirmando su compromiso con la defensa del patrimonio natural, la gestión racional del agua y el desarrollo sostenible del medio rural.
Línea eléctrica Escatrón y proyecto Turboleta
Romeo ha hecho alusión al gasto que va a suponer la construcción de líneas eléctricas, para lo que se prevé invertir miles de millones, “líneas que se necesitan para ellos, para hacer combustibles, para poner centro de datos, no es que las necesitemos la ciudadanía. Pero ¿quién las paga: ellos, las refinerías, los centros de datos? No, las pagamos los ciudadanos en nuestras facturas de la luz y con más impuestos”.
Así, en la provincia de Teruel, Red Eléctrica Española está planteando la línea de muy alta tensión, Escatrón-Tarragona, con 300 millones de inversión de dinero público, “vienen a presumir de que es inversión en esta provincia, cuando es dinero de los ciudadanos para llevarse la electricidad a las refinerías de Tarragona y luego a Barcelona, a las zonas más desarrolladas desde los territorios sacrificados”. Tiene 3.000 megavatios de capacidad para transportar energía, “y provocaría que se instalen 600 aerogeneradores en un radio de 40-50 kilómetros, o bien 300 molinos y 3.000 hectáreas de placas solares, para hacer combustibles falsamente sostenibles y falsamente renovables. Se paga la línea con dinero público, se destruye el territorio rural y si hace falta se saldrá al rescate con más dinero público”.
Apela a la ciudadanía turolense acerca de estas situaciones, y se refiere al proyecto Turboleta, una refinería para hacer keroseno junto a una ciudad como Teruel, “que no tiene reservas de agua apenas. Que si un año de sequía el pantano falla, las aguas subterráneas de Teruel duran para un año y medio, dos años máximo; una ciudad que vive del sector agroalimentario y del turismo, que se verían afectados con una industria altamente peligrosa que apenas generaría empleo; una ciudad donde se coartaría el futuro porque se merma la llegada de otras industrias por la falta de agua; una ciudad que perdería calidad y potencial de futuro”.
Romeo ha insistido en que el objetivo de estas palabras es el de informar a la ciudadanía y seguir luchando, con la esperanza de que la sociedad sea consciente de lo que está ocurriendo, así como todos los colectivos y organizaciones: “en todos los ámbitos deberíamos estar enfrentados a este proyecto porque nos devora el futuro totalmente”.
