Los representantes del Grupo sectorial de Energía y Renovables del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Jesús Villamón de la Comarca Comunidad de Teruel, Roberto Gamarra del Bajo Aragón y Javier Ciprés del Matarraña, han realizado una rueda de prensa para comunicar la presentación de quejas por la falta de un Plan específico que regule la implantación de centrales de producción de energías renovables, ante organismos de ámbito autonómico, nacional y europeo, como son el Justicia de Aragón, el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Con escritos extensos y documentados, han solicitado su “auxilio” ante la “falta de una planificación en esta acelerada invasión de centrales eólicas y fotovoltaicas” en toda la provincia y, en general, en la España Vaciada.
Teruel Existe considera necesaria la transición ecológica para luchar contra el cambio climático pero “no de la forma apresurada, abusiva y descontrolada a la que asistimos, con promotores que buscan un enriquecimiento inmediato” y sin una planificación que vigile la rigurosa protección ambiental, patrimonial, cultural y del tejido económico de los territorios.
Jesús Villamón detalló que en los últimos cuatro meses, en la provincia de Teruel se han presentado más de 90 proyectos de centrales eólicas y plantas fotovoltaicas, “al margen de cualquier ordenación del territorio y saltándose la normativa ambiental que exige un Plan para la implantación de renovables, que debe tener una Evaluación Ambiental Estratégica conforme a Ley”. Denuncian la inacción del Estado y las Comunidades Autónomas por la falta de una ordenación necesaria ante esta gran generación de proyectos que transformará una gran cantidad de territorios naturales y agrícolas en suelos industriales, sin apenas crear empleo estable en los territorios.
Han señalado que la España Vaciada es objetivo de promotores que pretenden “explotar y colonizar” estos territorios despoblados, convencidos de que “como somos pocos, no se nos escucha”. Teruel Existe ha querido denunciar que las empresas promotoras y los “conseguidores revendedores de proyectos a fondos de inversión extranjeros”, están planteando de forma “indiscriminada” la implantación de centrales en zonas de alto valor paisajístico y ambiental. Han alertado que son lugares donde una gran parte del empleo y el desarrollo depende del sector turístico, y “se está poniendo en peligro”.
Denuncian permisividad e irregularidades
Para Teruel Existe, la permisividad con su implantación es evidente si atendemos a los reducidos plazos de exposición pública otorgados, una traba relevante para la presentación de alegaciones frente a irregularidades. Por otra parte, valoran que se están presentado “exiguos estudios de Impacto Ambiental en los proyectos, donde no se respetan áreas protegidas” incluidas en la Red Europea Natura 2000 o uno de los primeros Geoparques de la Unesco, como es el del Maestrazgo, “parece que todo vale” ha zanjado Villamón.
Anunció que Teruel Existe está colaborando con la Alianza Energía y Territorio, “Aliente”, para promover la campaña “Stop Fragmentación”, que denuncia que se está incurriendo en fraude de ley por el fraccionamiento en lotes de minicentrales menores de 50 MW para camuflar su impacto ambiental global y real, además de así ser evaluados tan sólo por la Comunidad Autónoma eludiendo el control más riguroso ejercido por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico (MITECO), cuando se trata de proyectos lindantes que comparten vías de evacuación o la misma denominación.
Aseveran que en muchas ocasiones no se está informando a los vecinos, llegando incluso a “presionar a propietarios y ayuntamientos para la cesión de sus terrenos, amenazando con la expropiación”. Han recordado que las expropiaciones en España están justificadas por el interés público, “¿qué interés público puede tener que empresas privadas pongan aerogeneradores para ganar dinero?”.
Un Plan con Evaluación Ambiental Estratégica y un canon sobre los beneficios
Expusieron la urgente necesidad de un Plan Estratégico y de Planificación para la implantación de instalaciones de energía renovable, con la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica, que definiría las zonas que deben ser excluidas por el valor de sus paisajes, biodiversidad y patrimonio cultural o porque pueda afectar a su desarrollo económico. Al mismo tiempo, definiría las zonas susceptibles de acoger este tipo de instalaciones, donde los impactos serían de menor calado. Además, incluiría el obligado cumplimiento de la información a la ciudadanía afectada y la participación social.
Villamón apuntó a la demanda, transmitida insistentemente por Teruel Existe, de la creación de un canon extrafiscal, como hay en otros países europeos, que permita la distribución más equilibrada de los beneficios que obtienen las empresas promotoras. Recuerdan que sólo un 2,5% de la riqueza generada revierte en el territorio, y que existen estudios y tesis doctorales que indican que el empleo generado hasta ahora por este modelo de industria ha sido insignificante. En consecuencia, Teruel Existe solicita que se derive al menos el 15% del beneficio por medio de un canon destinado al desarrollo de la provincia para el desarrollo y la creación de empleo, independientemente de los lugares concretos donde se instalen las plantas. Creen que también “es justo como medida compensatoria para cubrir el impacto que sufre todo el entorno y la sociedad”.
Expusieron que la normativa aragonesa está “caducada” y resulta insuficiente, y que en Aragón no se ha llevado a cabo ninguna evaluación ambiental estratégica de planes y programas para la implantación de centrales de renovables, cuando su aplicación está introducida en la legislación española desde el año2006 en cumplimento de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo.
Respetar las sierras y al sector turístico para no destruir el futuro de la provincia
Javier Ciprés incidió en las elevadas cifras de energía generadas en Teruel, “ocho veces más de la que consumimos y necesitamos” y que se incrementarán con las centrales previstas, pareciendo que “esto no tiene límite”. En la actualidad, en la provincia se producen 380 MW y en un año se podrían alcanzar los 7000 MW.
Explicó que ésta es una provincia muy extensa, con territorios en los que la implantación de centrales eólicas y fotovoltaicas no afectaría tanto a su desarrollo y sus potencialidades, pudiendo ser un recurso positivo si se plantea bien y aportando muchos más beneficios. Sin embargo, resaltó que si no se respetan aquellas comarcas con sierras de alto valor paisajístico y medioambiental, que en su mayor parte se dedican al turismo rural, “se destruirán empleos y negocios”. Puso el ejemplo de la Sierra de Gúdar, donde indican que aproximadamente el 70% del empleo depende del sector turístico, o la del Matarraña, donde la cifra alcanza el 50%. Se preguntó si es necesario que las empresas planteen proyectos de centrales de renovables en Matarraña, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre o Albarracín.
Añadió que los ingresos que reciben los ayuntamientos son “ridículos” y en ningún caso, justificarían la “barbaridad” planteada, que comprometería seriamente el desarrollo del sector turístico, hostelero y de restauración, “hipotecando nuestro futuro” y contraviniendo la reversión de la despoblación.
La gran oportunidad de la generación distribuida para el medio rural
Roberto Gamarra denunció que la falta de información a la sociedad y la elusión del potencial que tienen los recursos endógenos para la ciudadanía, hace parecer que esta fuente de ingresos “solo valga para las grandes empresas, cuando no es así”.
La generación distribuida, con la creación de pequeñas instalaciones de energía renovable en los pueblos, tiene un gran potencial, y los grandes proyectos eólicos están reservando una gran cantidad de terrenos para tener la exclusividad de producción de energía, limitando las posibilidades de los vecinos para desarrollar un modelo más justo y sostenible.
Teruel Existe quiere ayudar a ser altavoz de esta generación distribuida porque considera que se desconocen sus grandes beneficios, las grandes ayudas previstas con los fondos de la UE, la posibilidad de montar cooperativas energéticas o la gran oportunidad que suponen para los ayuntamientos, las cooperativas agrícolas y los agricultores. Gamarra citó la iniciativa para arrancar la primera Comunidad energética rural en la provincia, ubicada en Luco de Jiloca, cuyo objetivo principal es demostrar que es un ejemplo a seguir.
“No olvidemos que lo que dejemos que hagan ahora, es lo que va a condicionar nuestro futuro, y el de nuestros hijos, por eso es importante que se haga bien” concluyeron desde el Movimiento Ciudadano.
