Denuncian que actúa como una “apisonadora” desde 2016, durante las tres últimas legislaturas. “Esto no es una evaluación ambiental, son autorizaciones a todo”.
El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha elaborado un informe técnico sobre la tramitación ambiental de proyectos de energías renovables en Aragón, partiendo del análisis conjunto de 582 expedientes ambientales tramitados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) desde 2016 hasta 2025, correspondientes fundamentalmente a proyectos de energías renovables (eólicos, fotovoltaicos e infraestructuras de evacuación asociadas). Son todos los expedientes desde 2016, “durante las 3 legislaturas últimas, con el PSOE y el cuatripartito, y con el PP y sus socios, en todas con el PAR en el Gobierno”.
El portavoz del grupo, Ernesto Romeo, ha explicado en rueda de prensa que el informe se basa exclusivamente en el contenido de la documentación administrativa analizada y no se incorporan hechos externos ni valoraciones ajenas. Para Teruel Existe “es la propia documentación administrativa la que evidencia una flexibilidad estructural en la aplicación de la normativa ambiental, más orientada a gestionar daños que a prevenirlos, lo que explicaría un encaje político – económico muy por encima del técnico”.
Del total de 582 expedientes estudiados, ha indicado Romeo, “tan sólo 23 (el 3,9%) se calificaron como desfavorables e incompatibles con la conservación del medio natural, aprobando el 96% de los proyectos de renovables, prácticamente todos”. A esto hay que añadir que han localizado 165 expedientes en los que aparecen “con claridad” recogidos y reconocidos por el propio INAGA “impactos graves, sinérgicos, críticos e incluso severos”, de los cuales el 86% obtuvieron finalmente DIA favorable (142). En conclusión, el INAGA ha aprobado el 86% de los proyectos que ellos mismos consideraron de impactos graves.
Para Teruel Existe este análisis revela “un modelo de aprobación forzada, en el que el daño no se evita, sino que en todo caso se compensa con ‘tiritas’, aun cuando la pérdida ambiental pueda llegar a ser irreversible”.
Patrón administrativo permisivo y dirigido a la aprobación
Ernesto Romeo ha alertado de que “se puede identificar una dinámica administrativa estructural que pasa por la reiteración de impactos severos y daños incluso irrecuperables, el uso extensivo del condicionado frente al principio de precaución, la fragmentación sistemática de proyectos, la evaluación ambiental actuando como instrumento de encaje y la orientación a gestionar los daños, más que a prevenirlos”. Consideran que el resultado es una gestión de mínimos donde los proyectos se recortan, encarecen y condicionan hasta dejar de ser jurídicamente “inasumibles”, lo que supone, “una transformación profunda del territorio aragonés de la que los aragoneses deben ser conscientes, porque lo contrario sería taparse los ojos”.
El patrón administrativo que denuncian está caracterizado por varios puntos en común. El primero de ellos es la prevalencia de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables, compatibles o condicionadas, incluso en contextos de impactos severos o muy severos. También identifican una gestión de riesgo ambiental realizada mediante condicionantes, planes de vigilancia y medidas futuras, en lugar de mediante decisiones preventivas basadas en la exclusión territorial o la inviabilidad ambiental. Además, se aprecia una aplicación formalista de instrumentos clave de la evaluación ambiental (análisis de alternativas, efectos acumulativos, principio de precaución).
Denuncian el uso de la figura de «Interés Autonómico» como “apisonadora administrativa, dado que no sólo acelera los plazos, sino que ejerce una presión implícita sobre el órgano evaluador, recurriendo al criterio del beneficio económico y laboral frente a la creciente pérdida de naturalidad y valor paisajístico, como si el patrimonio natural fuera un bien canjeable por puestos de trabajo temporales”. “En la práctica, esto convierte la Evaluación de Impacto Ambiental en un mero trámite de validación en lugar de un proceso de prevención real”.
Consideran que los expedientes muestran una fuerte presión de los promotores hacia el órgano ambiental, utilizando los plazos de caducidad de los permisos de acceso a la red para forzar resoluciones inmediatas: “Los promotores llegan a afirmar que la administración está obligada a resolver de forma inmediata ante el riesgo de pérdida económica”..
Es evidente la “fragmentación artificiosa y evaluación en aislamiento, con el objetivo de permanecer bajo competencia autonómica, que les aprueba casi todo, disimular su impacto acumulativo y engañar burdamente a la sociedad”.
Hay otros aspectos recurrentes, como ignorar la Zonificación Ambiental del MITECO que desaconseja expresamente la implantación de renovables en territorios de máxima sensibilidad, deficiencias en el análisis de efectos acumulativos y sinérgicos, inconcreciones y falta de rigor documental, errores graves como la omisión de especies en peligro, falta de valoración de riesgos sísmicos reales…
Valoran como graves las inconsistencias en la protección de la biodiversidad y aplicación desigual del principio de cautela. Y es que, transmiten, “aunque se afirma que hay proyectos que no afectan directamente a la Red Natura 2000, muchos se ubican en sus límites inmediatos. La tramitación a menudo ignora que el proyecto compromete la conectividad ecológica entre diferentes ZEPA o ZEC, convirtiendo estos espacios protegidos en islas rodeadas de infraestructuras industriales”.
La figura de la hibridación se está utilizando para implantar plantas solares en poligonales de parques eólicos ya existentes o viceversa, y en muchos casos, ya se ubican en zonas de máxima sensibilidad ambiental o áreas críticas para especies protegidas.
Por otra parte, numerosos expedientes ponen de manifiesto una tensión estructural entre la implantación de infraestructuras energéticas y el planeamiento territorial, municipal y sectorial, recogiendo muchos expedientes la oposición expresa de ayuntamientos por saturación del territorio, afección paisajística o incompatibilidad con proyectos de desarrollo local, advertencias técnicas de la Dirección General de Ordenación del Territorio y del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón o conflictos con otros usos del suelo, como agricultura de regadío, minería o planeamiento urbanístico vigente.
Para Teruel Existe, el “trámite de audiencia” se ha convertido en una “fase de negociación técnica para que los promotores introduzcan cambios relevantes con los que evitar la DIA desfavorable, y así aprobar todo después”. Romeo explica: “cualquier modificación que altere las afecciones ambientales evaluadas debería implicar una nueva evaluación, porque así lo marca la ley.”
En algunos casos recientes se observa una DIA favorable a efectos prácticos pero de dudosa legalidad, mediante el uso de la fórmula “podrá resultar/ resultará compatible”. “Se trataría de una DIA a futuro que no evalúa realmente el proyecto contenido en el expediente, pero que sirve al promotor para cumplir con el hito nº2 correspondiente de obtención de DIA favorable en plazo”.
Se asume como axioma que la producción de energía renovable, por su contribución a la lucha contra el cambio climático, prevalece automáticamente sobre la conservación del territorio, “olvidando que la conservación de la biodiversidad es clave para frenar la emergencia climática.”
Existe una contradicción interna entre la evaluación técnica y la resolución administrativa final. Se reconocen impactos severos y una pérdida progresiva de naturalidad del paisaje y de ecosistemas naturales, pero el INAGA no lo interpreta como límite infranqueable, sino como un problema a gestionar mediante condicionantes. El concepto operativo no es “impacto inasumible”, sino “impacto compatible bajo condiciones extremas”, por lo que no se traducen en DIAs desfavorables.
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) actúa como un mecanismo de aplazamiento de decisiones críticas, por lo que se aprueba el proyecto y se fía el control a la fase de explotación, lo que supone “poner la zorra a vigilar el gallinero, ya que sabemos como avisan antes para recoger las aves muertas y ocultarlas”.
Se observa una dependencia excesiva de medidas agroambientales para compensar la industrialización del suelo, muy especialmente en el hábitat estepario. Los propios documentos reconocen que estas medidas no garantizan viabilidad genética ni ecológica a largo plazo, aunque se utilicen para justificar la compatibilidad administrativa.
