El Movimiento ciudadano cuestiona el papel de CIP en el proyecto y señala la falta de financiación municipal como origen de la dependencia de los ayuntamientos frente a macroproyectos en el territorio
El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha reclamado este miércoles la adopción de medidas cautelares inmediatas que paralicen el desarrollo del clúster eólico del Maestrazgo mientras continúan las investigaciones judiciales por posibles irregularidades en su tramitación. Así lo han manifestado en rueda de prensa el portavoz del Movimiento ciudadano, Manolo Gimeno, y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Teruel, Enrique Marín.
Desde el entorno del aeropuerto de Teruel, junto al acopio de materiales, han advertido de que permitir el avance del proyecto en estas condiciones puede provocar daños irreversibles en el territorio, recordando precedentes en los que las infraestructuras se ejecutaron antes de resolverse judicialmente su legalidad. “No puede ser que, mientras se investiga una posible trama de gran escala, el proyecto siga adelante como si nada”, han señalado.
Gimeno ha subrayado que no es aceptable que un proyecto de esta magnitud, “el mayor parque eólico de España”, con 125 aerogeneradores, 762 MW y una ocupación equivalente a unas 35.000 hectáreas, continúe avanzando mientras “se investiga una posible trama de corrupción de gran escala”. En este sentido, ha alertado de que, de no adoptarse medidas cautelares, “podríamos estar ante un auténtico ecocidio”.
Asimismo, ha puesto el foco en las dudas sobre la logística del proyecto, el elevado volumen de transporte excepcional previsto y el coste asociado, así como en la falta de coherencia en los itinerarios de acceso a las zonas de instalación. También ha cuestionado la planificación del acopio de materiales en el Aeropuerto de Teruel, sugiriendo que podría responder más a una estrategia de presión o de hechos consumados que a una necesidad técnica real.
CIP, en el centro de las sospechas
El Movimiento ciudadano ha puesto el foco en el papel de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y ha advertido de las consecuencias que tendría la confirmación de una posible trama de corrupción. Desde Teruel Existe recuerdan que ya trasladaron en febrero de 2024 sus preocupaciones a la embajada de Dinamarca, alertando de que una eventual implicación en irregularidades afectaría también a la imagen de CIP, pese a su discurso de tolerancia cero con la corrupción y compromiso ambiental.
Sin embargo, según han señalado, los hechos conocidos hasta ahora “ponen en cuestión ese relato”, al evidenciar actuaciones que no habrían respetado los procedimientos administrativos básicos. En este sentido, Enrique Marín ha denunciado que las obras de acondicionamiento del terreno en el aeropuerto de Teruel se ejecutaron antes de la firma del contrato con la empresa y sin contar con las licencias necesarias.
En concreto, los trabajos finalizaron en mayo de 2024, mientras que el contrato se firmó el 1 de junio de ese mismo año. La licencia de obras no fue concedida hasta noviembre de 2024 y la autorización ambiental del INAGA llegó en noviembre de 2025, calificando la actividad como molesta, nociva y peligrosa. Pese a ello, el acopio de materiales ya se estaba realizando con anterioridad, lo que, a juicio de Teruel Existe, supone un incumplimiento de las condiciones desde el inicio y podría derivar en responsabilidades.
Además, han subrayado que la autorización administrativa del proyecto fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2024, cuando las obras ya estaban ejecutadas y la actividad en marcha sin los permisos correspondientes, lo que refuerza la idea de que el proyecto se ha desarrollado con la “certeza previa” de que obtendría todas las autorizaciones.
Gimeno ha advertido de que, si se confirmaran las sospechas de irregularidades o una posible trama de corrupción, no solo se vería afectada Forestalia, sino también CIP, pese a sus reiteradas declaraciones públicas de “tolerancia cero con la corrupción y compromiso ambiental”.
El portavoz ha recordado además que el proceso acumula más de tres años de investigación y más de medio millón de folios, por lo que ha reclamado “máximo respeto a la justicia”, pero también prudencia institucional para no consolidar sobre el terreno un proyecto que podría ser posteriormente cuestionado o incluso anulado por los tribunales.
Los alcaldes y la financiación municipal
Por otro lado, Teruel Existe ha cuestionado el argumento de que el proyecto cuenta con respaldo generalizado en el territorio. Frente a ello, han recordado que diversas encuestas reflejan un amplio rechazo social en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. En este sentido, Manolo Gimeno ha señalado que el verdadero problema de fondo es la falta de financiación de las entidades locales, lo que sitúa a muchos ayuntamientos en una posición de dependencia que condiciona sus decisiones.
Gimeno ha recordado que en el Congreso se presentó en 2022 una propuesta para mejorar la financiación de las entidades locales que fue rechazada por PSOE, PP, Vox o Podemos, entre otros, lo que a su juicio evidencia que “el problema de fondo no es la oposición social o ambiental, sino la infrafinanciación de los municipios”. Por este motivo, ha considerado que muchos consistorios se ven abocados a aceptar proyectos de gran impacto territorial por la necesidad de recursos económicos.
Tanto Gimeno como Marín han coincidido en reclamar explicaciones claras y transparencia total en todo el proceso administrativo y empresarial, subrayando que las posibles irregularidades detectadas en la tramitación del proyecto deben ser investigadas hasta el final. “Si aquí ocurre como en otros casos, podríamos encontrarnos con un territorio transformado irreversiblemente antes de que la justicia pueda actuar”, han advertido, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas cautelares de forma inmediata mientras se esclarecen los hechos.
