El Congreso debate las enmiendas aprobadas en el Senado al Proyecto de Ley de gestión de la PAC, con trabas para las quemas en micro explotaciones, y Tomás Guitarte pide que no se apoye porque se distancia de la realidad del mundo rural
El Congreso ha debatido hoy las enmiendas aprobadas en el Senado al Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha trasladado que las modificaciones que llegan desde el Senado se han producido con desigual acierto. Ha explicado que la Agrupación de electores ya manifestó su rechazo en la Cámara Alta a la enmienda que presentó el PSOE para prohibir la quema de los restos vegetales de los huertos, a pesar de que se había retirado la prohibición en la tramitación de esta nueva Ley de Gestión de la PAC en su trámite en el Congreso. Guitarte ha solicitado a los diputados que no apoyen esta propuesta, recogida en la disposición final undécima que modifica el artículo 27, puntos 3 y 4 del Proyecto de Ley. El diputado turolense ha insistido en que, a pesar de las especificaciones que se pretenden introducir en relación con la quema de residuos agrarios en micro explotaciones, “sobre la redacción caben interpretaciones distintas acerca de estas prácticas, para dar soporte a decisiones de carácter administrativo que deberán adoptar las comunidades autónomas”. Consideran que dejar abiertas en la redacción legislativa cuestiones tan importantes como ésta, genera una inseguridad jurídica para miles de personas porque caben interpretaciones distintas.
Un texto que genera inseguridad al no zanjar cuestiones relevantes
Tomás Guitarte ha trasladado que con este texto de la ley los agricultores desconocen realmente cuál debe ser su modo de proceder al respecto, qué razones justifican las restricciones en esas prácticas o cómo llevar, al día a día, el reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica. Para Teruel Existe quedan sin respuesta dudas de calado como si hace falta ser agricultor reconocido legalmente para poder quemar los restos o no o cuál es el límite legal de una microexplotaciones agrarias: “¿se refiere a los huertos?, ¿a las explotaciones inferiores a una hectárea?, ¿cuál es el límite de superficie que queda dispensada de esta regulación?”, o si es preciso aportar un informe técnico de parte para decir que hay riesgo fitosanitario. También se ha preguntado si es justo abrir la posibilidad de sancionar a los hortelanos por quemar estos restos y ha planteado que la ley que prioriza el reciclado de los restos vegetales mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica, con la generación de compost, abra un periodo para poder difundir e interiorizar esta práctica. Asimismo, Guitarte ha apelado a reconsiderar el hecho de que el mismo hortelano, mediante sus cultivos y el crecimiento ordenado de plantas agrícolas, ha contribuido previamente a fijar CO2 y ha trasladado la pregunta sobre si se ha valorado el mayor impacto que generará el transporte de los residuos a una cierta distancia del huerto o de la micro-explotación y la destrucción mecánica de restos, utilizando una máquina que consume gasóleo, u otras cuestiones que deberían ser resueltas previamente.
Los legisladores deben aplicar la visión rural en todas las leyes
Tomás Guitarte ha reclamado una vez más la aplicación del Mecanismo Rural de Garantía y su dotación de capacidad y equipos de solvencia técnica para emitir informes que acompañen la memoria de cualquier proyecto de ley. De existir, ha asegurado, el presente Proyecto de Ley se hubiera visto enriquecido, en este tipo de cuestiones que suscitan preocupación en el campo y entre las personas que cultivan huertos. “Se evidencia, una vez más, que muchas personas que redactan las leyes lo hacen desde un despacho, en Madrid o en Bruselas, y están muy alejados de la realidad social del mundo rural”, ha lamentado. Igualmente sucede con la exigencia de la realización de trámites a través de sistemas digitales, para los que ha demandado establecer un periodo de transición o un sistema alternativo que permita subsanar los problemas de conectividad que se dan en una gran parte de la España vaciada y la brecha digital que hay en el medio rural porque también es una brecha social. Ha recordado que el Congreso aprobó dos enmiendas de Teruel Existe que permitió introducir en la ley sendos párrafos que permitirán la relación de los agricultores con la administración a través de medios no electrónicos cuando no se disponga de ellos.
