Las transferencias estatales se establecen sólo por número de habitantes, generando un agravio económico que dificulta la prestación de servicios.
Piden que se contemplen las características demográficas y territoriales frente al sistema actual, que favorece el proceso de la despoblación.
Teruel Existe ha planteado una interpelación urgente al Gobierno acerca de la necesidad de reformar la Ley de Haciendas Locales que regula la financiación de los pequeños municipios y “corregir el agravio endémico en el modelo de fiscalidad y financiación en la España vaciada”.
El diputado Tomás Guitarte ha trasladado en el Congreso que con el sistema de financiación actual los pequeños municipios sufren una debilidad institucional y financiera que genera dificultades para gestionar sus competencias. Una situación que “conlleva desigualdad territorial, agrandando la brecha urbano-rural” y que instan a cambiar para superar una “regresividad que se ha hecho crónica por el mantenimiento de este sistema durante más de setenta años”.
Refrendan su demanda en la propia Constitución y en la Carta Europea de Autonomía Local, que señala la protección de las entidades locales financieramente más débiles con la adopción de procedimientos de compensación para corregir los efectos del reparto desigual.
Las grandes ciudades reciben un 38,3% más de transferencias por habitante
Teruel Existe valora que, la homogeneización del sistema de financiación local español ha dado lugar a que los ingresos de los municipios rurales sean radicalmente inferiores a los de los municipios urbanos. Citan las cifras del propio Ministerio de Hacienda en su publicación sobre Haciendas Locales en España, de 2018, que señala un ingreso medio por habitante de 1.183 euros, siendo el del estrato de mayor población (municipios de más de un millón de habitantes) un 38,3% más elevado que la media nacional, mientras que el gasto medio por habitante es de 1.093 euros, siendo un 41,3% más elevado en los municipios del estrato mayor de más de un millón de habitantes.
Con esta interpelación piden una modulación en la participación de las transferencias estatales que contemple las características demográficas y territoriales de los pequeños municipios, para poder incrementar su capacidad en la lucha contra la despoblación. Inciden al mismo tiempo en que la corrección de este agravio no debe realizarse por la vía del incremento de presión fiscal en los municipios de las áreas rurales, tanto por la debilidad de las economías locales como porque tendría un efecto despoblador contrario a lo que se persigue.
Los tributos municipales no pueden cubrir los servicios.
Tomás Guitarte ha explicado que los ingresos de los ayuntamientos proceden en gran parte de la participación en las transferencias del Estado y de los impuestos obligatorios entre los que se encuentran aquellos que suponen mayor recaudación fiscal para los consistorios, además de los impuestos potestativos o voluntarios.
Ha incidido en que la propia configuración de los impuestos municipales, concebidos de manera general para el conjunto de los municipios, crea un sesgo que dificulta la viabilidad de las haciendas locales de pequeños municipios: “se generan rendimientos insuficientes porque su capacidad fiscal es escasa, mientras que, en comparación, los grandes municipios están sobre financiados”. De este modo, “el sistema ha favorecido el proceso de la despoblación”.
Las transferencias del Estado en base al coste por habitante olvidan criterios determinantes para la prestación de servicios
Defienden que es necesario reformar los instrumentos de financiación de las haciendas locales introduciendo un principio de ecualización o nivelación en la capacidad de prestación de los servicios públicos locales que ofrecen las administraciones.
En el actual régimen de transferencias estatales, la participación en ingresos del Estado de los municipios, se basan fundamentalmente en el número de habitantes, con el objetivo de asegurar preferentemente la sostenibilidad financiera de los municipios muy grandes, prestando una atención secundaria a los medianos y pequeños.Teruel Existe denuncia la desventaja que sufren por ello estos últimos, que van a recibir pocos ingresos. Además, esas transferencias tienen dificultades para cubrir el mayor coste por habitante de buena parte de los servicios públicos que prestan, dada la menor densidad de población. En consecuencia se puede decir que “las transferencias estatales para la financiación local siguen un modelo contradictorio con la estrategia que sobre el reto demográfico dice tener el Gobierno”.
El diputado Guitarte ha querido incidir en que en España la presión fiscal de los habitantes de las zonas despobladas es similar a la de los que viven en zonas superpobladas a pesar de que disponen de muchos menos servicios. El problema, ha expuesto Guitarte, “es que los servicios son muchos más y muy superiores en las ciudades de los que puede ofrecer un pequeño municipio, que apenas se limitarán a agua, alumbrado, asfaltado y, poco más”.
España, a diferencia de otros países, ha abandonado el medio rural
Estableciendo una comparativa con el modelo de financiación de otros países, aducen que “España, durante más de 70 años, ha desarrollado una línea política que ha abandonado los municipios del medio rural y las pequeñas ciudades, para ser un país de grandes ciudades”. En este punto, Tomás Guitarte se ha referido al caso de Canadá, “donde el Estado no aporta financiación a las grandes ciudades, como Toronto, porque pueden generar sus propios ingresos. Mientras que sí aporta financiación específica y diferenciada según las condiciones a las pequeñas poblaciones”.
Teruel Existe demanda una financiación suficiente para gestionar los servicios, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a la dinamización económica para asentar población. También denuncian la competencia desleal que en este último punto pueden ejercer las grandes ciudades para la atracción de empresas con la disminución de carga fiscal.
La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vinculado el trámite de una posible reforma de la financiación local con la reforma de la financiación autonómica, indicando que está siendo muy complejo lograr consenso para la consecución de ésta última. Ha trasladado a Teruel Existe su coincidencia en que sí es preciso valorar el peso de otras variables para ser capaces de financiar los servicios y ha apostado por seguir trabajando en la cooperación entre entidades, como las comunidades autónomas y las diputaciones para prestarlos de manera eficiente.
