Ante el registro por la UCO esta mañana del Ministerio de Transición Energética, resaltan las sospechas en torno a la autorización de manera extraordinaria por el Consejo de Ministros del Clúster del Maestrazgo, fórmula nunca antes utilizada en asuntos ambientales
Tras el revuelo causado por el registro de la UCO (Unidad Central Operativa de Guardia Civil) de las sedes de la empresa Forestalia en Madrid y Zaragoza en el día de ayer, y el registro esta misma mañana en el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico, desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe exigen una moratoria para exigir que se investiguen todos los expedientes tramitados por Forestalia y a cualquier Administración que haya tramitado o esté tramitando permisos para estas macroinstalaciones.
En rueda de prensa, Jesús Villamón y Ernesto Romeo, miembros del grupo de Energía y Medio Ambiente, han trasladado la confianza de Teruel Existe en la Justicia, reiterando su denuncia de que “la especulación con proyectos de gran impacto sin generar empleo que están sufriendo los pueblos de Aragón es descomunal” y recordando que llevan más de cuatro años denunciando irregularidades y presuntos delitos ambientales relacionados con la “desastrosa” implantación de energías renovables en Aragón, “y siempre en pro de la defensa del territorio, nuestra provincia y su futuro”.
Una de estas líneas y proyectos de Forestalia aprobados que pretende extraer la energía generada para nutrir y aumentar el desarrollo de la costa mediterránea, el Clúster Maestrazgo, el proyecto eólico más grande de España, tuvo que ser aprobada, en última instancia, por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, “pisoteando un informe desfavorable de la Comunidad Valenciana y el informe claramente desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón en el que entre otras cosas dice que: la ubicación seleccionada no es adecuada debido a su alta sensibilidad ambiental.
Esto resulta tremendamente sospechoso, porque el informe medioambiental definitivo y preceptivo del Gobierno de Aragón que se remitió a Madrid del Clúster del Maestrazgo, salió “de puño y letra” del exdirector del INAGA, Jesús Lobera, tras modificar radicalmente un informe técnico previo muy crítico del propio INAGA, que nunca salió a la luz”. También, porque “es inaudito que el MITECO emitiese una Declaración de Impacto Ambiental favorable teniendo 85 molinos en RED Natura 2000, 94 molinos en el área de sensibilidad ambiental máxima del mapa de zonificación de renovables del propio MITECO, donde no recomienda su instalación, además de omitir y minimizar la tala y ocupación de miles de hectáreas de bosques”.
Desde el grupo recuerdan que bajo el Gobierno de Aragón del cuatripartito (PSOE, PAR, CHA y PODEMOS), el INAGA realizó informes favorables y preceptivos sobre cientos de instalaciones, incluyendo todas las grandes líneas de transporte privadas que Forestalia intentó tramitar para exportar la energía producida en Aragón a otras Comunidades como Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana, “cuando solo Red Eléctrica Española puede ejecutar este tipo de líneas”.
La mayor parte de estas líneas para llevarse la energía a otras comunidades han sido desestimadas por informes desfavorables de los Gobiernos Vasco, Navarro, Catalán, Valenciano y de La Rioja, indicando que “Curiosamente, mientras las Comunidades limítrofes emitían informes desfavorables preceptivos por el paso de las líneas de Alta tensión en sus territorios, el Gobierno de Aragón emitió informes favorables vinculantes, cuando es en Aragón dónde se sufren los impactos medioambientales mayores sin generar apenas empleos”.
Además, “la Autorización administrativa previa y de construcción del Clúster del Maestrazgo requirió del Acuerdo del Consejo de Ministros y en contra del informe desfavorable de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y de varios Ayuntamientos. Un hecho inaudito que no ha pasado con ningún proyecto de renovables de todo el país, con el que se demuestra que es una decisión puramente política, ¿o más bien político-empresarial?”
Desde el grupo de Energía y Medio Ambiente insisten en que “el Clúster del Maestrazgo, es el mayor disparate ambiental de la transición energética. A día de hoy es el único proyecto en España que ha generado un consenso total en todas las grandes organizaciones ambientalistas por la destrucción que va a sufrir uno de los lugares más vírgenes y de mayor valor ambiental y cultural de toda Europa”.
También ha hecho alusión a la denuncia que el Movimiento ciudadano presentó por irregularidades del expediente (como la implantación de 80 aerogeneradores en Red Natura) que podrían ser causa de posible delito ambiental por la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Clúster del Maestrazgo por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. La denuncia se presentó tanto en la sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, como en la Fiscalía y en el Juzgado de Primera Instancia en Teruel. Este proceso sigue su curso.
La vista ahora está puesta en CIP
Desde Teruel Existe han recordado que el Clúster del Maestrazgo está en copropiedad de Forestalia con CIP, un fondo de inversiones danés, con el que han estado en contacto en varias ocasiones, como ha recordado Enresto Romeo. Y advirtiendo de las irregularidades de este macroproyecto mediante carta, con reuniones en la embajada danesa en Madrid, e incluido en Dinamarca, “donde nos hemos manifestado en la puerta de la sede de CIP, y hemos mantenido una reunión con sus altos directivos. Pero pese a todos estos contactos, el fondo de inversiones CIP sigue empecinado en llevar a cabo este atropello para nuestra provincia.”
Así, hoy han vuelto a recordarle a CIP que “está gestando el mayor atentado medioambiental que se puede producir en Europa, bajo la atenta mirada de la justicia y bajo la sombra de la corrupción. Se lo recordamos a CIP y a todos los españoles”. “En vista de los acontecimientos de estos días pasados podemos decir que nos alegra sobremanera que la justicia siga investigando las actuaciones presuntamente delictivas y que se llegue hasta el final, caiga quien caiga, de esta supuesta trama político – empresarial fraguada desde el año 2015”, ha añadido Romeo.
El trabajo de Teruel Existe denunciando irregularidades ha sido arduo
Ha señalado que se han denunciado irregularidades como fragmentación de proyectos, impactos ambientales sin considerar impactos acumulativos, imposición de informes ambientales en contra de los criterios de funcionarios técnicos, incumplimiento de la legislación ambiental, incumplimiento de otras leyes como la ley de montes, la ley de patrimonio natural, la ley de evaluación ambiental o la ley del sector eléctrico. También han denunciado puertas giratorias de ex-altos cargos de la Administración y la captura de políticas públicas en la redacción de leyes y decretos.
Villamón ha indicado que han presentado 330 alegaciones a macroproyectos eólicos y fotovoltaicos que presuntamente estaban irregularmente tramitados, así como más de 100 denuncias contra presuntos delitos ambientales (58 al MITECO y 42 al Gobierno de Aragón) y más de 50 Recursos de Alzada a proyectos. “Todos estos procedimientos administrativos y acciones judiciales han sido dirigidas en Aragón hacía el INAGA y la Dirección General de Energía y Minas, y en el caso del Gobierno Estatal al MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todas por la aprobación con irregularidades de Declaraciones de Impacto Ambiental o Autorizaciones administrativas de macroproyectos de energías renovables”, ha aseverado. Así, afirman que muchas de estas denuncias siguen vivas y abiertas, con procesos de investigación por parte de los juzgados y cuerpos policiales (incluida la UCO).
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