El grupo provincial lleva al pleno de la DPT dos propuestas y solicita al Gobierno de España que avance en la descentralización de servicios como el Catastro o la Jefatura de Tráfico en Alcañiz
El grupo provincial Teruel Existe en la Diputación de Teruel ha presentado dos propuestas al pleno del mes de abril de la institución, para defender los servicios públicos de proximidad y la calidad de la educación pública, especialmente en el medio rural.
En primer lugar, denuncian el anuncio de la reestructuración y cierre de siete oficinas liquidadoras de impuestos de la provincia el próximo 30 de junio, en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos. Para el grupo, “esto supondrá un nuevo varapalo a la administración de cercanía, por lo que solicitaremos que el pleno inste al Gobierno de Aragón a mantenerlas. Estas oficinas son un elemento clave de equilibrio territorial. No solo tramitan expedientes de sucesiones o transmisiones, sino que ofrecen asesoramiento especializado presencial, algo vital donde la administración electrónica no llega”. Por ello, piden que se renueve y actualice el convenio con el Decanato del Colegio de Registradores de Aragón.
Las oficinas liquidadoras constituyen una delegación funcional de las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de tributos como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En Aragón, su funcionamiento se articula mediante convenio con los Registradores de la Propiedad, prestando servicio desde las cabeceras comarcales.
Javier Ciprés, diputado de Teruel Existe, indica que “es una propuesta para exigir al futuro gobierno de Aragón, formado por el Partido Popular y Vox, que desista de eliminar las oficinas liquidadoras de impuestos que en este momento tienen la función delegada en los registros de la propiedad, y que no sea el 30 de abril, el último día que este servicio público de atención al ciudadano gratuito lo podamos tener en las zonas rurales. No puede ser que en comunidades con los servicios administrativos tan centralizados, como la de Aragón, los pocos servicios que tenemos descentralizados se la quieran cargar de un plumazo”. Lo que se pide es que el gobierno de Aragón mantenga los convenios con el Decanato de Registradores de Aragón “y que no hagan que el ciudadano al final tenga que buscarse una gestoría y no pagar por hacer esta gestión”.
Pero además, como señala el diputado Ciprés, Teruel Existe solicita al Gobierno de España que acelere la descentralización efectiva de servicios hacia el medio rural, como el Catastro o la Jefatura de Tráfico en Alcañiz, dotándolos de medios suficientes y asegurando una prestación periódica, estable y accesible para la ciudadanía de las comarcas cercanas. “Exigimos que en los territorios como el Bajo Aragón Histórico establezcan nuevos servicios como podría ser el servicio de atención del catastro para que los ciudadanos no tengan que desplazarse a Teruel capital, un servicio que podría venir dado una vez cada mes o una vez cada 15 días, y también tener la posibilidad de tramitar los documentos de tráfico en alguna oficina que pudiera encontrarse en Alcañiz”.
Solicitan a Educación que la inversión en concertación del Bachillerato se destine a la Educación pública
Desde Teruel Existe en la DPT también solicitan la paralización de la concertación del Bachillerato, a la que se destinan 19 millones de euros, para que esos recursos lleguen a la Educación pública, en las necesidades manifiestas de cubrir vacantes docentes y de personal auxiliar e infraestructuras.
El grupo denuncia la «preocupante tendencia» del Ejecutivo autonómico de incrementar la financiación de la enseñanza concertada en detrimento de la pública. Especialmente crítica es la decisión de concertar el Bachillerato a partir del curso 2026-2027, una medida que califican de injustificada.
La moción solicita la paralización inmediata de este proceso de concertación y propone que esos fondos se reinviertan en la cobertura inmediata de vacantes docentes, mejora del transporte escolar y las infraestructuras en el medio rural, ampliación de la oferta de Formación Profesional, climatización de aulas y refuerzo de comedores.
Beatriz Redón, portavoz del grupo en la DPT, señala que “en Teruel Existe tenemos muy claro que la educación pública es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, especialmente en una provincia como la de Teruel, donde en muchos municipios, prácticamente en todos, es la única opción educativa. Por eso consideramos un error gravísimo del Gobierno de Aragón que quiera priorizar la financiación de la enseñanza concertada, especialmente destinando los recursos al bachillerato, donde no existe la necesidad, ya que hay todavía muchas plazas disponibles en los centros públicos. Nos parece gravísimo que se quieran destinar aproximadamente 19 millones de euros a la concertación del bachillerato, cuando debería invertirse en la educación pública, porque hay plazas vacantes de profesorado sin cubrir, hay que mejorar las infraestructuras de los colegios en muchos municipios, que se doten de profesionales administrativos, porque hay centros en los que no se están cubriendo las plazas, es obvia las carencias que hay en el ámbito del transporte (hace no mucho vimos cómo se pegaba a fuego un autobús o vemos que hay rutas escolares que duran mucho tiempo porque el recorrido no es el más adecuado)”.
Dudas legales sobre un Gobierno en funciones
Desde Teruel Existe también han mostrado su preocupación por que estas decisiones de carácter estructural, que condicionan el futuro de la provincia, se estén tomando por un Gobierno en funciones. “Este tipo de medidas carecen del consenso y la seguridad jurídica necesarios para un cambio de modelo tan profundo tanto en la gestión tributaria como en la educativa”, concluyen.
Con estas mociones, Teruel Existe busca que la Diputación de Teruel se posicione firmemente como defensora de la calidad de vida en los pueblos, garantizando que el código postal no determine el acceso a la administración o a una educación pública de calidad.
