Denuncian el proceso de autorización exprés para proyectos de energías renovables en el Real Decreto – Ley de medidas urgentes por la guerra de Ucrania, y exigen que incluyan el fomento extraordinario del autoconsumo para hacer competitivas a las PYMES y a la ciudadanía.
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha ofrecido una rueda de prensa en el Congreso para analizar el Real Decreto – Ley 6/2022 de medidas urgentes por la guerra de Ucrania, que el Gobierno plantea para su convalidación el próximo jueves. Guitarte ha comenzado enfatizando que su planteamiento no les gusta, por su fórmula de “cajón de sastre” donde se mezclan aspectos muy distintos.
Ha explicado que el capítulo tercero recoge “Medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables” y desde el grupo sectorial de energía y medio ambiente del Movimiento ciudadano han profundizado en las implicaciones que supone, plasmando las conclusiones que ha transmitido Guitarte, que ha recordado que la implantación de energías renovables es una de las principales preocupaciones de Teruel Existe, y que exigen su desarrollo “de forma ordenada, sin perjuicio para los habitantes, otros sectores económicos o el patrimonio natural y cultural de los territorios”.
En primer lugar, el diputado turolense ha manifestado la oposición de Teruel Existe a que este Real Decreto-Ley elimine el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de determinadas instalaciones de energías renovables (proyectos eólicos de menos de 75 MW y proyectos fotovoltaicos que ocupen menos de 150 hectáreas situados en terrenos de baja o media sensibilidad ambiental), tanto ordinaria como simplificada, eliminando la fases de consultas con los Ayuntamientos y la exposición a información pública con posibilidad de presentar alegaciones. Guitarte ha alertado de que se sustituye por un procedimiento «alegal» denominado “procedimiento de determinación de las afecciones ambientales” por el que el órgano ambiental emite “simplemente” un «informe de determinación de afección ambiental”.
Desde Teruel Existe denuncian que estas medidas eliminan derechos de los ciudadanos de manera generalizada e injustificada y reducen severamente la calidad del proceso democrático, eliminando incluso avances políticos de los últimos 40 años respecto al derecho medioambiental o la protección del medio ambiente, en base a la justificación de un supuesto ahorro de tiempo “que no es tal”, porque las posibles discrepancias, que hasta ahora se resolvían en fase administrativa, se derivarán a fase judicial mediante recursos contencioso administrativos que alargarán el proceso.
Se incumple normativa y legislación española y europea
Tomás Guitarte ha trasladado que este Real Decreto-Ley incumple el artículo 9.2. de la Constitución Española y la Ley 27/2006, al obstaculizar la participación y el acceso a la información de todos los ciudadanos. También aseguran que incumple Directivas de la Unión Europea sobre la evaluación de las repercusiones de proyectos en el medioambiente (85/337/CEE y 2011/92/UE). Y añaden el incumplimiento “flagrante” del Convenio de Aarhus, ratificado por la Comunidad Europea que recogía que la participación del público debe producirse desde el inicio del procedimiento.
Por otra parte destacan que el articulado es contrario al “principio de no regresión”, o cláusula Standstill, consolidada como una suerte de obligación impuesta a los poderes públicos de no modificar o suprimir los estándares de protección medioambiental que supongan una disminución del nivel de protección establecido.
Además, apuntan que los artículos 6 y 7 no tienen acomodo dentro del marco normativo, “ya que por el principio de jerarquía legislativa este Real Decreto-Ley no puede derogar lo establecido en leyes básicas como la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental o la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Y añaden que en caso de discrepancia, “por jerarquía administrativa debe prevalecer lo establecido en la legislación básica”.
Contestación ciudadana y académica al modelo de grandes centrales
Tomás Guitarte ha incidido en que “el Congreso de los Diputados no puede seguir haciendo oídos sordos ante la gran contestación social y del ámbito académico frente a esta pretensión de rebajar los niveles de control ambiental de los nuevos proyectos de renovables”.
Ha recordado que la “Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental”, que reúne a expertos y profesores universitarios, ha denunciado públicamente los aspectos negativos que supondrán las modificaciones de este Real Decreto-Ley, entre ellos la restricción de la participación ciudadana con la eliminación del proceso de información pública, la decisión de autorización de proyectos fundamentada en herramientas inadecuadas, la amenaza “grave” a los espacios Red Natura 2000, las muchas dudas que plantea en cuanto a la seguridad jurídica de nuevas autorizaciones por incumplir directivas europeas y el grave deterioro medioambiental que supondrá el procedimiento de autorización exprés, sin evaluación de impacto ambiental, único medio capaz de evitar, mitigar y compensar sus consecuencias negativas y de conseguir su efectiva integración en el territorio.
Para reducir el coste de la energía, piden incluir el fomento extraordinario del autoconsumo
Desde Teruel Existe reiteran que si de verdad este Real Decreto-Ley pretende desarrollar medidas efectivas para la ciudadanía y el tejido empresarial para reducir los costes de energía fomentando la implantación de renovables, habría que eliminar los múltiples obstáculos que encuentran los ciudadanos y las empresas para las instalaciones de autoconsumo, generación distribuida y comunidades energéticas. Exigen promocionarlo otorgando incentivos y seguridad jurídica a estas instalaciones a largo plazo, y también facilidades de implantación, así como con la disminución de los trámites administrativos y favorecer los accesos a la red reduciendo los plazos.
En conclusión, consideran que los artículos 6 y 7 en el Real Decreto Ley sólo favorecen a los grandes promotores de macroproyectos y no a los ciudadanos ni a las pequeñas pymes españolas. Afirman que generalizar la baja escala de la producción eléctrica produciría más megavatios de energía renovable y sin impacto ambiental ni socio-territorial, que los que se pretende con las medidas introducidas en este Real Decreto Ley.
Preguntado por los periodistas acerca del sentido de voto de Teruel Existe en este punto, Guitarte ha indicado que hay otros aspectos que recoge el Real Decreto-Ley cuya aprobación sería interesante, por lo que se está evaluando la decisión de abstenerse, y ha pedido “que sería mejor que el Real Decreto se tramite como Proyecto de Ley, para poder corregir estas discrepancias con el articulado relativo de la tramitación medioambiental”.
