“Se cambia el uso del suelo sin base legal, para beneficio de las compañías, evitando además los sistemas de equidistribución de la gestión urbanística”.
Paralizan el proceso legislativo de los proyectos de ley que rebajan las exigencias ambientales y bloquean el autoconsumo.
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, intervino en la comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que informó sobre el procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovables de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022. Ambos reconocieron tener discrepancias en cuanto al modelo de implantación que se está desarrollando y que la Agrupación de electores tilda de “masivo, desordenado e irregular”.
Desde Teruel Existe denuncian que el MITECO ha creado un marco jurídico para el proceso de renovables rebajando los límites y el control ambiental de manera gradual para las actuaciones monopolísticas y anticompetitivas, permitiendo entregar todo este nuevo sector a grandes compañías energéticas, fondos de inversión y empresas que comercializan proyectos con licencias. Creen que es “lo contrario” de lo que preconizan todas las instituciones internacionales y la Unión Europea, que apuesta por medidas encaminadas a la democratización de la energía.
Argumentan que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el Gobierno se saltó la obligatoria evaluación ambiental estratégica, “porque se evaluó sin precisar dónde y cómo se iba a realizar la ubicación territorial”. El Gobierno tampoco sometió a evaluación ambiental estratégica el despliegue de renovables, como era obligatorio al ser una “planificación de alcance” y posteriormente la regulación “ha sido un continuo descenso de las exigencias ambientales, camuflada en los decretos de emergencia económica de la guerra ahora o de emergencia sanitaria por la pandemia antes”. La Agrupación de electores exige que se vuelva a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y se aplique de manera rigurosa, “al menos tanto como se aplica para impedir la creación de infraestructuras de comunicación en nuestro territorio”, apostilló Guitarte, en referencia a las artificiosas dificultades ambientales que se le imponen al trazado de la A-40 entre Cuenca y Teruel.
El diputado de Teruel Existe denunció que hay tres reales decretos con normativa ambiental cuyo proceso de alegaciones debería desarrollarse por la vía de urgencia en el Congreso, pero “llevan muchos meses parados”. También recordó a Hugo Morán las intervenciones parlamentarias y conversaciones de Teruel Existe con los responsables del MITECO para trasladar los problemas que genera en el territorio esta implantación sin ordenación previa y presentar propuestas, insistiendo en que “el resultado puede ser muy negativo, como con los 84 aerogeneradores del Clúster Maestrazgo que se han autorizado en Red Natura, al límite con zonas declaradas LIC y ZEPAs”.
Sin participación ciudadana, la evaluación ambiental pierde garantías y rigor
El secretario de Estado informó de que con el Real Decreto en vigor han valorado 53 proyectos (de un total de 118, con 30 inadmitidos por deficiencias y 35 en los que han desistido los promotores), de los que 35 han obtenido DIA positiva y 18 negativa. Pero Guitarte le reprochó haber introducido un cambio sustancial con la eliminación de la participación pública, porque “los ciudadanos no tienen la posibilidad de alegar, con lo que se reduce a valores ínfimos nuestro sistema democrático y, en consecuencia, debemos cuestionar todo el procedimiento”. Mientras Morán se refirió a la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al funcionario que informa como criterio de garantía, Teruel Existe valora que “precisamente quien tiene más capacidad de presión para intentar condicionar la objetividad del funcionario son las grandes empresas, que son las que de verdad tienen medios económicos para reclamar esa responsabilidad o simplemente amenazar con hacerlo”
El @mitecogob ha creado un marco jurídico que ha permitido ENTREGAR EL SECTOR de las renovables SIN LÍMITES a grandes empresas.
— Teruel Existe (@TeruelExiste_) March 9, 2023
Eliminar las alegaciones ciudadanas hace CUESTIONABLE todo el procedimiento.
PEDIMOS VOLVER a la LEY 21/2013 de evaluación ambiental
Guitarte a Morán👇 pic.twitter.com/Wpnau11C7u
Permitir el cambio de uso de suelo sin seguir los procedimientos urbanísticos establecidos es ilegal
Tomás Guitarte adujo que el MITECO ha trabajado la Transición Energética como “una política sectorial en la que prioriza su condición de actividad extractiva, enfocada a maximizar los beneficios del sector, con objeto probablemente de que acudan inversores”. Explicó que el marco jurídico olvida las referencias territoriales y que se están transformando los usos del suelo, implantando un uso industrial energético sin clasificación ni calificación jurídica previa “y que, es obvio, que dicho uso no está vinculado a la explotación de un recurso natural del suelo. como lo son los usos agrícolas, ganaderos o forestales”.
Desde Teruel Existe ponen de manifiesto que existe una “trampa o error de base voluntario”, al negar que la implantación supone la conversión, por la vía de hecho consumado, de suelo rústico no urbanizable en suelo de uso industrial con fines energéticos, y evitar “aplicar así los mecanismos de equidistribución urbanística previstos en la ley” o un procedimiento de compensación similar. Guitarte aclaró que estos mecanismos habrían propiciado que los propietarios de los polígonos que se delimitan y donde se implantan renovables tendrían los mismos beneficios y cargas, independientemente de que en su suelo se instalasen molinos, placas, servidumbres o nada. “Como no es así, se están generando conflictos internos por los aprovechamientos”.
Las renovables deben ceder a la administración local una parte de su beneficio
Del mismo modo, ese mecanismo de equidistribución urbanística habría supuesto la obligación de los promotores de ceder el 15% del aprovechamiento lucrativo a las entidades locales, dado que toda la actividad del sector de renovables se fundamenta en una serie de autorizaciones administrativas para el emplazamiento de instalaciones industriales, que conllevan también actuaciones previas o simultáneas de urbanización (apertura de caminos de acceso, redes eléctricas de interconexión y de evacuación, …). Estas actuaciones generan un importante impacto paisajístico, un bien común, y en muchos casos afecciones a la viabilidad y riqueza de otras actividades, y así, impacto sobre la biodiversidad que es igualmente un bien común. Pero, a pesar de que son las autorizaciones de las administraciones públicas la condición para el desarrollo del negocio, por contra, “se abren las expectativas a un proceso especulativo condenando a los mismos territorios de siempre al sacrificio, sin compensación alguna, esta vez también en beneficio de otros países de la Unión Europea”. Tomás Guitarte recalcó a Morán que “nadie ha preguntado a los españoles si queremos ser la pila energética de Europa, ni en qué condiciones ni cómo ni cuándo”.
Con las renovables TRANSFORMAN los USOS DEL SUELO de rústico no urbanizable a industrial, pero SIN APLICAR los MECANISMOS de EQUIDISTRIBUCIÓN URBANÍSTICA previstos por ley. Con consecuencias como la pérdida por los entes locales del 15% del aprovechamiento lucrativo o conflictos pic.twitter.com/UVD0XJWyvJ
— Teruel Existe (@TeruelExiste_) March 9, 2023
Paralizan la generación distribuida, el autoconsumo y el ahorro
El diputado reprochó al secretario de Estado que en España no se realice la transposición completa del Marco legislativo 2030, conocido como Paquete de Invierno, “dejando de aplicar todo aquello que afectaba a los aspectos que democratizaban la participación en la energía”. Consideran “muy discutible” la justificación de la condición de utilidad pública para las grandes instalaciones de energías renovables, que tildan de “puro negocio”. Guitarte recordó que fue así como el propio director, en su día, del IDAE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía) valoró que se está realizando el proceso cuando afirmó que “se prioriza el desarrollo de renovables especulativas, conectadas a la red centralizada, para futuras operaciones corporativas y se cierra el mercado a las pequeñas instalaciones, a los pequeños actores y entes locales”. Teruel Existe continúa denunciando que de este modo se impulsan los macro proyectos, y “se paraliza la generación distribuida y el autoconsumo, la eficiencia energética y el ahorro, que han quedado reducidas a un papel meramente testimonial”.
