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Teruel Existe propone la creación de una ley que ordene el despliegue de las renovables

En la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teruel Existe defiende una Proposición No de Ley para ordenar el despliegue de instalaciones para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, mediante instrumentos de planificación y el desarrollo de una ley específica.

En la exposición de motivos destacan que no existe una legislación específica, ni adaptada, para la ordenación de un proceso técnico-industrial, de dimensiones desconocidas hasta hace unos años, “con enorme capacidad de transformación”. Y recuerdan que los planes de ordenación territorial de las comunidades autónomas, aprobados en las décadas anteriores, no contemplaban figuras específicas ni métodos para integrar un proceso de cambio territorial de esta naturaleza.

Valoran que el despliegue territorial “acelerado” de los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas está provocando una acusada transformación territorial, que está provocando el “cambio radical” de uso del suelo en más de 260.000 hectáreas, “cuyo impacto paisajístico representa necesariamente un alcance mucho más amplio”. Consideran que “esta transformación territorial de naturaleza industrial conlleva un aprovechamiento lucrativo sobre el medio ambiente, un bien común, de una enorme dimensión económica e importantes impactos territoriales, ambientales y paisajísticos”.

Resaltan que la legislación sobre protección de medio ambiente y las evaluaciones de impacto ambiental deben respetarse de manera escrupulosa, sin artificios ni estrategias para aminorar sus exigencias, y deben cumplirse en todas las Comunidades Autónomas. Informan que numerosos y respetados científicos valoran que muchos de los estudios de evaluación de impacto ambiental sobre el despliegue de energías renovables, “son meros instrumentos para ajustarse al índice legal y justificar un impacto ambiental que más que analizar soslayan”. Por ello Teruel Existe afirma que “es imprescindible que los análisis técnicos de posibles impactos se efectúen transversalmente y con rigor, siguiendo las directrices del Consejo de Europa sobre Patrimonio y Paisaje Rural (2007) respaldadas por la propia Unión Europea en Bruselas (2009) y Roma (2017) y mandatadas mundialmente por Naciones Unidas a través de múltiples convenios y programas”.

Respecto a los estudios científicos, recuerdan que también inciden en que el monocultivo de energías renovables va a fomentar aún más la despoblación, y afirman que “el deterioro del medio rural va a crecer, incluso aunque los proyectos de renovables que se están implementando proporcionen algunos ingresos en las arcas municipales o en a los propietarios agrícolas”.

Valoran con datos que estamos ante “una espiral sin sentido desde el punto de vista de las necesidades energéticas del país”, si el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecía el objetivo de incorporar 26.134 MW de fotovoltaica en nuestro país entre 2021 y 2030, a día de hoy tenemos una potencia de acceso solicitada de 96.000 MW, 70.641 MW más de todo lo esperado.

Además, exponen como en la legislación y en las prácticas administrativas de países europeos, como Dinamarca y Alemania, han seguido un modelo de planificación y gestión “desde abajo hacia arriba”, con modelos de éxito para ordenar la expansión de las energías renovables con respeto al medio ambiente, a la ordenación del territorio y al paisaje., incluyendo modelos de participación de las comunidades locales en los proyectos de energías renovables que garantizan la aceptación social y el éxito del despliegue de los parques de renovables.

En la Proposición No de Ley instan al Gobierno de España ala aprobación de un instrumento de planificación, a modo de hoja de ruta, para ordenar la expansión de las energías renovables basado en varias directrices, como el respeto a la normativa para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, la modificación de la normativa de ordenación del territorio contemplando específicamente, la obligación de respetar las indicaciones de las cartas de paisaje y el impulso prioritario de la generación distribuida. Además incluyen la repotenciación de los parques eólicos más antiguos, a través de subastas específicas, la priorización de parques y plantas agrovoltaicos en todas las subastas y a los que fomenten proyectos industriales y sistemas intensivos de aprovechamiento energético en las comarcas receptoras.

También piden el fortalecimiento de las comunidades energéticas, incluyendo en esta función a las cooperativas agropecuarias, y un código de buenas prácticas sobre la participación de las comunidades locales.

Además en la PNL piden la aprobación urgente de una ley para ordenar la expansión territorial de las energías renovables y la regulación del aprovechamiento lucrativo de un bien común, como es el medio ambiente, con objetivos como asegurar el cumplimiento de las normas de ordenación del territorio correspondientes y con las cartas de paisaje, así como con la economía local, garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa sobre protección del medio ambiente y de la biodiversidad, de acuerdo con las normas autonómicas, estatales y europeas.

También plantean que esta ley favorezca la participación de las comunidades locales en los proyectos energéticos, excluya la aplicación de la expropiación forzosa, impulse el desarrollo de proyectos agrovoltaicos, impida la fragmentación de grandes proyectos para salvar las limitaciones de la normativa ambiental o de ordenación del territorio.

Además insisten en que debe incluir la creación y regulación de un canon extrafiscal sobre los parques, plantas y centrales de energías renovables para impulsar el desarrollo territorial de las comarcas afectadas, para minimizar las afecciones ambientales y para compensar el aprovechamiento lucrativo de un bien común, el medio ambiente. Y por último consideran imprescindible que la ley regule y se implemente en los planes autonómicos para el despliegue de energías renovables, en el marco de la ley de cambio climático y transición energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del Plan nacional de adaptación al cambio climático.

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