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Presentan un contencioso en el juzgado contra el Clúster Maestrazgo cuatro entidades de Aragón y Comunidad Valencia, y particulares afectados

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Plataforma No a la MAT del Norte de Castellón, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, junto a particulares afectados, se han unido para la presentación de un recurso contencioso administrativo al Clúster Maestrazgo, contra el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid

Han pasado cuatro años desde que se tuvo la primera noticia sobre un megaproyecto de producción de energía a partir del viento en las montañas del Maestrazgo de Teruel. Este jueves en una rueda de prensa en la ciudad de Teruel con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, la Plataforma No a la MAT del Norte de Castellón y la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, han informado que han presentado un recurso contencioso administrativo al Clúster Maestrazgo, contra el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid.

Las entidades valoran que “tras un periodo de oscurantismo, con datos contradictorios sobre lo que se pretendía hacer y con reuniones secretas entre la empresa y algunas administraciones, además de varias reuniones sin contenido ni turno de preguntas, llegó el momento de conocer el proyecto”, que constaba de 42.000 folios aproximadamente y llevó un arduo trabajo de estudio y análisis para formular las pertinentes alegaciones que nunca fueron contestadas por la empresa, ni por el Ministerio.


Varios meses después se publicaba la Declaración de Impacto ambiental compatible de este proyecto, que es el de mayor tamaño que se ha aprobado en España, para sorpresa de casi todos ya que se encuentra en una de las zonas de mayor valor ambiental del país. En ella se apuntaban modificaciones importantes introducidas por la empresa mediante la presentación de más de 20 documentos, que nunca fueron expuestos a exposición pública y que sólo pudieron ser vistos y analizados por los técnicos del órgano ambiental evaluador, el MITECO. A los pocos meses se publicó la Autorización Administrativa previa y se formularon los correspondientes recursos de alzada, que tampoco fueron contestados ni tenidos en cuenta.

Pasados los preceptivos dos meses y sin limitación temporal por no haber contestado la Administración, se ha presentado un contencioso administrativo, como último recurso ante este megaproyecto que destrozará una de las zonas de mayor valor ambiental de Teruel. Para la presentación del contencioso se han unido diversos colectivos afectados por la construcción del Clúster Maestrazgo, como la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que ha tenido que suspender temporalmente de manera cautelar la ejecución del plan de reintroducción financiado por Europa “para no masacrar a los pollos que
se querían soltar en el zona, con la consiguiente afección al Plan de desarrollo local con los ganaderos que mejorarían la imagen y el reconocimiento de la calidad de sus productos y de paso ayudaría a la sostenibilidad económica, social y ambiental de ese colectivo”, ha destacado Juan Antonio Gil. También participa la Plataforma No a la MAT del Norte de Castellón, afectados por la línea eléctrica de evacuación del Clúster, que cruzaría las localidades de Portell, Cinctorres y Morella. Estos ayuntamientos también se han sumado a la presentación del contencioso por la fuerte afección que tiene en sus municipios.


El Movimiento Ciudadano Teruel Existe se suma a la presentación del contencioso como acto consecuente con los argumentos y posiciones que ha mantenido durante estos años sobre el
citado Proyecto, al que ya han presentado denuncia ante la fiscalía por las irregularidades en la
tramitación. El portavoz Ernesto Romeo ha dado las gracias a todas las personas que han colaborado en los procesos de crowdfunding, y también a la unión de entidades para poder enfrentar el trabajo y el coste económico del contencioso en los juzgados, “para defender hasta el final las zonas de mayor valor de esta transición que no es ecológica y si especulativa”. Ha destacado el peligro de los incendios, la deforestación que va a provocar, y el inmenso valor patrimonio natural y cultural de esta comarca para fomentar su desarrollo con el turismo rural, “si destrozan sus recursos naturales y el paisaje su futuro será muy negro”.


La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel es quien ha presentado el contencioso en nombre de todos, y Javier Oquendo ha destacado los motivos en los que se basa: “ha sido mal tramitado, no ha tenido un procedimiento transparente, ha minimizado afecciones a fauna y flora muy impactantes para la zona, no ha tenido en cuenta los valores protegidos por la Red Natura 2000, y porque va a afectar a actividades tradicionales, como la agricultura y la ganadería, también a la actividad forestal y al turismo de naturaleza que se viene desarrollando en el Maestrazgo y que está ratificado por la concesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible”.


A estos demandantes se han sumado varios particulares que sufren afecciones severas en sus tierras por la instalación de algún aerogenerador, o de las subestaciones, o de las torres de alta tensión y las líneas. Ellos renuncian a esas “pingües ganancias” que les ofrecen las empresas porque, en palabras de ellos mismos, “quieren dejar la tierra a sus hijos como se la dieron sus padres” y así conservar los valores heredados.

La esperanza al interponer el Contencioso, con unos costes elevados, sufragado con las aportaciones de muchos ciudadanos, es conseguir que la justicia paralice lo que el procedimiento administrativo “no ha querido o sabido hacer”. Se presenta también solicitando las medidas cautelares para la paralización previa, con el convencimiento de que “las leyes están para ser cumplidas y si las administraciones se las saltan, deberá ser el poder judicial quien dictamine su suspensión y vele por el cumplimiento de la ley”.