El 25 de abril de 2021, movilización de Teruel Existe con caravanas de vehículos desde todas las comarcas y cientos de turolenses reclamando respeto, control y un canon
Manifiesto:
Teruel Existe lleva más de veinte años reivindicando para esta provincia y sus habitantes el cumplimiento estricto del mandato constitucional: disfrutar de los mismos derechos y servicios básicos que disfrutan la mayor parte de la población española y frenar la despoblación de sus municipios.
A lo largo del siglo XX, el territorio turolense ha sido el escenario de una continuada extracción expoliadora de sus recursos naturales, minerales y energéticos. Todo ello solo ha generado un escaso y efímero desarrollo de la provincia, porque el crecimiento industrial y el aprovechamiento de esos recursos se han hecho en otras provincias españolas, sirviendo así para su prosperidad y crecimiento.
Cada cambio de orientación en la política industrial ha repercutido negativamente en las comarcas turolenses, provocando la marcha de familias enteras de los municipios, ya de por sí poco poblados, y dejando las empresas extractoras a cambio, profundas e irreversibles cicatrices en el territorio. Ayer lo hicieron con las minas de hierro de Ojos Negros, con las de arcillas y caolín en Galve, Riodeva y otros lugares, con las de carbón en varias comarcas, con la de energía eléctrica en Aliaga y Escucha, o con la recientemente cerrada central térmica de Andorra, por ejemplo.
Hoy, con los mismos propósitos de extracción hacia fuera, plantean seguir llevándose de Teruel la energía, plantando por toda nuestra provincia molinos y placas solares que, una vez instalados, apenas generan empleo, como está demostrado que sucede en las instalaciones que ya están en funcionamiento, ya que pueden manejarse con muy pocos operarios y mediante visitas puntuales desde las grandes ciudades.
En cambio, sí es una buena estrategia para así vaciar aún más los pueblos de gentes y reducir aún más los servicios básicos (incluso en verano). Este planteamiento destrozará sin remedio los grandes recursos que tiene el territorio para fijar población: la posibilidad de ir regenerándose progresivamente con una economía verdaderamente sostenible, el turismo de aire y cielo limpios, de naturaleza escasamente modificada por la mano del hombre y su patrimonio cultural y social de convivencia junto al atractivo del medio rural rodeado de sonidos familiares y de espacios biodiversos.
Si toda esa riqueza propia desaparece, quienes hasta ahora venían a visitar las ciudades y los pueblos de la provincia o a quedarse en sus lugares de origen, ¿seguirán haciéndolo cuando vean el territorio lleno de placas solares y de molinos eólicos con el molesto, monótono y continuo ruido de sus aspas? Es más, ¿nos gustará a los habitantes estar rodeados por su impacto visual y acústico en verano e invierno? ¿Qué va a pasar con las personas que han invertido sus ahorros en una casa rural, una granja, una ganadería ecológica, una pequeña empresa agroalimentaria, una pequeña empresa turística o un restaurante? ¿Dónde irá a parar nuestra economía verdaderamente sostenible? ¿Dónde iremos todos a respirar la vida y sentir nuestro origen?
Teruel Existe quiere manifestar que está a favor de las energías renovables.
Es absolutamente necesaria y urgente la transición ecológica para luchar contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, pero no de la forma apresurada, abusiva y descontrolada como se proponen hacerlo las empresas conseguidoras de tierras y de autorizaciones o los fondos de inversión que finalmente instalan molinos y placas, buscando el enriquecimiento inmediato y brutal de una serie de grupos empresariales ocultos tras el disfraz de promotores de energías renovables, como si esa palabra fuera un cheque en blanco para destrozar el territorio a su capricho.
En los casos de energía eólica o solar, las fuentes que permiten su producción se encuentran muy extendidas por todo el territorio español. De entrada, una política adecuada debería tener un doble sentido: por una parte, implantar pequeñas instalaciones que permitan el consumo y el autoconsumo energético en sus inmediaciones. Por otra, la localización de las grandes instalaciones, que no deberían ser más que las necesarias, tendría que estar lo más próxima posible a los lugares con mayor consumo, buscando el mínimo impacto en el paisaje de los sistemas de evacuación energética.
¿Por qué en España, en Aragón, y concretamente en Teruel se está planteando justamente lo contrario? ¿Por qué se proyectan en la provincia de Teruel instalaciones que serán capaces de producir la quinta parte del consumo de toda España? La respuesta está muy clara: la búsqueda de grandes extensiones de terreno muy barato para convertirlas de facto en suelo industrial, aunque se trate de espacios de gran riqueza natural. Puro colonialismo.
La extracción de energía debería estar sujeta al abono de un canon a favor de los territorios productores, acorde con los inmensos beneficios que producen estas instalaciones. Sin embargo, los valiosos espacios naturales de la provincia de Teruel están administrados generalmente por pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad técnica para valorar el impacto en sus términos municipales y cuya gobernanza está condicionada por sus ínfimos presupuestos y escasa población. Son fácil presa para las grandes empresas, capaces de destrozar su patrimonio cultural y paisajístico por muy poco dinero. Conocemos el vacío demográfico, los destrozos y las ruinas que estas empresas dejan como herencia en el territorio, cuando finaliza su interés por la explotación de nuestros recursos.
Resulta imprescindible que la planificación de este tipo de instalaciones vaya siempre por delante de la mera y apresurada construcción masiva en cualquier lugar. Es necesaria la confección de un plan específico que analice la localización de las fuentes de energía renovable en el territorio y establezca, rigurosa y pormenorizadamente, las superficies cuyo valor natural, paisajístico, cultural o de biodiversidad no permitan ubicar este tipo de instalaciones. Esto evitaría que los posibles daños, a medio y largo plazo, sean mucho mayores que las ventajas a corto plazo de la producción de energía renovable.
Esta planificación debe comenzar por analizar las necesidades actuales y futuras, teniendo en cuenta la transversalidad de los mandatos legales y el bien común, y no a partir de la oferta sin control ni límite de parques eólicos o fotovoltaicos, como se está haciendo hasta la fecha. Tenemos muy claro que, en las zonas que resulten con capacidad técnica y medioambiental, estamos a favor de las implantaciones de parques de energía renovable, pero sin olvidar, en estos casos, que el desarrollo ordenado de estas energías debe ir acompañado del desarrollo industrial, que ayude al reequilibrio del país y a su cohesión.
En este sentido, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón y los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 deben ir por delante de la implantación indiscriminada de parques eólicos o fotovoltaicos. Sus directrices deben cumplirse en la planificación y no quedarse en meras frases vacías de contenido.Resulta incomprensible que estos objetivos no se tengan en cuenta y que la inmensa mayoría de los parques eólicos o de energía solar de la provincia estén propuestos en las sierras y entornos naturales con mayor valor paisajístico y cultural y con mayor biodiversidad.
Recordemos que no solo se trata de la devaluación estética e impacto visual que produce la masiva implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, sino también del enorme perjuicio que causan sus elementos complementarios, entre otros, la longitud y anchura de caminos de acceso a las instalaciones y a los apoyos, los movimientos de tierras y las kilométricas líneas de alta tensión para la evacuación energética. Todo ello destruye el suelo natural y los elementos patrimoniales, etnológicos, pecuarios y agrícolas.
Exigimos otro modelo de implantación de renovables
La atomización de estos grandes parques y la división en pequeñas explotaciones de cara al procedimiento de autorización administrativa son unas medidas perversas, que impiden disponer de un auténtico estudio sobre el impacto ambiental y no tienen en cuenta las sinergias sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural y el entorno social.
Pero, además, la mayor parte de los estudios de evaluación de impacto ambiental que han sido precipitadamente expuestos al público son muy extensos, pero pobres en contenidos. Presentan grandes carencias en el inventario de valores a conservar; establecen valoraciones ultraconservadoras de los impactos negativos y, para atenuarlos, proponen unas supuestas medidas correctoras que en muchas ocasiones son ridículas e imposibles de cumplir y de controlar. En definitiva, son meros instrumentos para ajustarse al índice legal y justificar lo injustificable.
Muchas de las afecciones sobre el territorio crean disensiones sociales, no sólo entre vecinos y vecinas o naturales emigrados de un mismo municipio, sino también entre municipios próximos o colindantes que van a ser objeto de la instalación. Esto puede llevar –y lleva ya- a un indeseado enfrentamiento y ruptura social entre grupos de personas que defienden, o que se oponen, a la implantación del parque eólico o fotovoltaico. Una declaración de interés social o de utilidad pública, que no se entiende en el caso de instalaciones privadas con ánimo de lucro, no debería resolverse sólo por parte de la administración directa del término municipal afectado por la instalación, sino por un órgano superior, por cuanto la afección territorial de los parques eólicos y fotovoltaicos es muy importante y excede del propio término municipal.
El futuro del territorio debe ser objeto de una auténtica participación pública. Hablamos de verdadera participación, no de una mera y fugaz información pública, con plazos muy cortos y gran número de actuaciones expuestas a la vez, de manera que complican el análisis y el estudio detallado de la documentación por parte de la población afectada.
Esta falta de transparencia cuenta, paradójica e inexplicablemente con el aparente apoyo de las administraciones públicas encargadas de velar por la defensa del territorio. No pueden mirar hacia otra parte o simplemente limitarse a cumplir con los mínimos que establece la legislación vigente, no adaptada esta lluvia de actualizaciones individuales, inconexas y de gran entidad.
Finalmente, queremos recordar que la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón proclama que los paisajes de Aragón quedan reconocidos jurídicamente como elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural, y como fundamento de su identidad. Son unas sabias palabras, que las administraciones no deben olvidar cuando los poderes económicos y financieros ponen su mirada en el territorio turolense.
Es hora de detener y reformular este despropósito.
