Desde el grupo de Energía y Medio Ambiente exigen suspender cautelarmente todos los proyectos promovidos por empresas del grupo Forestalia hasta que la Justicia esclarezca los hechos que se investigan
El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha evidenciado este martes que sus denuncias por las carencias de control administrativo ante la implantación renovables en Aragón, el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y las deficiencias en la información disponible, han sido confirmadas por la Cámara de Cuentas de Aragón, en un informe que ha presentado su presidente, Jesús Royo, en el parlamento aragonés.
El informe certifica, con varios años de retraso, lo que el grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha advertido desde hace más de tres años: “el INAGA aprobaba prácticamente todo lo que llegaba a sus manos”.
Para comprobar la consistencia del trabajo del Movimiento ciudadano, han cruzado sus datos con los del propio informe. El resultado es revelador. La Cámara analiza 377 expedientes de proyectos renovables tramitados entre 2019 y 2023, mientras que el estudio de Teruel Existe analizó 378. Es decir, únicamente un expediente más.
Según el informe de la Cámara de Cuentas, el grupo Bruc figura como propietario de 51 proyectos, Forestalia de 42, Repsol de 23, Galp de 11 y Enel de 13, mientras que el resto se reparte entre otras 80 compañías. Sin embargo, esa fotografía desde el Movimiento ciudadano detallan que “es profundamente engañosa”. El informe refleja quién es el propietario actual de los proyectos, pero no quién los promovió, los tramitó y obtuvo las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Y esa diferencia es esencial para entender lo que realmente ocurrió.
El portavoz del grupo de Energía y Medio Ambiente, Ernesto Romeo, ha recordado que los datos del Movimiento ciudadano Teruel Existe ya desprendía que, “de los 378 expedientes analizados, 168 fueron tramitados por filiales del grupo Forestalia”. Es decir, que una única empresa, actualmente inmersa en dos procedimientos de investigación por presunta corrupción, promovió y obtuvo la tramitación de casi la mitad de todos los proyectos renovables que pasaron por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental durante ese periodo.
Una realidad, ha apuntado Romeo, que el informe de la Cámara de Cuentas “solo deja entrever, al centrarse en los propietarios actuales de los proyectos y no en quienes los promovieron y obtuvieron las correspondientes declaraciones de impacto ambiental”. Así, ha recordado que la concentración resulta aún mayor si se analizan los expedientes cuya tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica. En el mismo periodo existen 76 expedientes, que agrupan cerca de 300 instalaciones individuales. De ellos, 54 corresponden al grupo Forestalia, más del 70 % del total.
Una dinámica que continúa en la actualidad
El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado además que, pese a la gravedad de las investigaciones en las que se encuentra Forestalia y el que fuera su presidente, Fernando Samper, esta dinámica continúa en la actualidad. “Tanto en Inaga como el Ministerio para la Transición Ecológica continúan tramitando proyectos vinculados a este grupo y siguen emitiendo declaraciones de impacto ambiental favorables como si nada hubiera ocurrido”, ha cuestionado Romeo.
En este sentido, ha detallado que, desde 2024 hasta la actualidad, el Inaga ha emitido, al menos, 12 DIAs para expedientes tramitados por empresas vinculadas a este grupo, de las cuales tan sólo una ha sido desfavorable. “Resulta difícil comprender la pasividad del Gobierno de Aragón ante una situación de semejante magnitud. Mientras guarda silencio, los proyectos autorizados en años anteriores siguen ejecutándose, consolidando sobre el terreno una realidad cada vez más difícil de revertir. Se está confundiendo la necesaria seguridad jurídica de las inversiones con una inaceptable sensación de impunidad”, ha aseverado.
Ante tantas evidencias, desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe exigen que “por responsabilidad institucional y por una mínima exigencia de prudencia, todos los proyectos promovidos por empresas del grupo Forestalia deberían quedar suspendidos cautelarmente hasta que la Justicia esclarezca los hechos. Y esto incluye, por necesidad, proyectos vendidos y actualmente en posesión de otras empresas. Cualquier otra decisión supone asumir un riesgo político, jurídico y ambiental que ninguna administración debería estar dispuesta a aceptar”.
