A los presuntos delitos de la alcaldesa, Alba Lucea, del PSOE, se le suma ahora el presunto delito de tráfico de influencias
“Poco a poco estamos destapando las tramas locales de Forestalia”, ha declarado Joaquín Gargallo, concejal de Teruel Existe en el ayuntamiento de Mosqueruela e impulsor de esta investigación judicial con su denuncia.
El pasado martes, 7 de julio, se sustanciaron nuevas diligencias judiciales en relación al proceso iniciado contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, por posible prevaricación en la contratación de la consultora Munigest (posteriormente denominada STAL y con sede en Cuenca), para la asistencia en la gestión de los tributos derivados de la implantación del Clúster Maestrazgo Forestalia en ese término municipal.
La otra novedad en esta fase del proceso es que a los presuntos delitos de la alcaldesa, Alba Lucea, se le suma ahora el presunto delito de tráfico de influencias. “Poco a poco estamos destapando las tramas locales de Forestalia”, ha declarado Joaquín Gargallo, concejal en el ayuntamiento de Mosqueruela e impulsor de esta investigación judicial con su denuncia.
Las actuaciones judiciales se iniciaron con la imputación de la alcaldesa por firmar un contrato “a comisión” en favor de esa asesoría, apartándose de la Ley de Contratos del Sector Público (y que ya ha sido declarado nulo), por el que se pretendía cobrar hasta 750.000 euros. Cabe recordar que en la actualidad la consultora sigue reclamando 114.000 euros. Dichas imputaciones se sustancian ahora con la imputación del propio administrador de la consultora, Ignacio Sáez Pontones.
Las diligencias practicadas el pasado 7 de julio consistieron en las declaraciones de Carlos Ontañón ( CEO de Forestalia y director del Inaga entre 2004 y 2012 bajo las siglas del PAR); Luis Marruedo ( letrado y asesor de Forestalia, director general de Medio Ambiente entre 2007 y 2011 bajo las siglas del PAR); María José Franches (ingeniera forestal de Forestalia); y también Daniel Lostao (jefe de gabinete de José Luis Soro, Chunta, que dejó el cargo para entrar en plantilla de Forestalia en 2023). A todos estos testimonios se sumó el de Ignacio Sáez Pontones, como se ha dicho, administrador de la consultora Munigest.
A resultas de sus intervenciones se ha conocido que Sáez Pontones se vinculó con los hechos investigados de la mano de Cristina Gil. Gil es socia de Andrea Lacueva en la empresa AyC; Lacueva estuvo en las listas electorales bajo las siglas socialistas.
Gil y Laborda, a través de su sociedad AyC, prestan servicios de “asesoría energética“ (revisión de facturas de suministros eléctricos y decoraciones navideñas ) a diferentes ayuntamientos del territorio (entre ellos Mosqueruela y otros de la asociación Viento Alto. AyC es además la empresa que firmó una colaboración con Ignacio Sáez Pontones para intermediar en su favor y que éste pudiera prestar servicios de asesoría tributaria a Mosqueruela y otros ayuntamientos afectados por Forestalia y su proyecto del Clúster Maestrazgo. En ese escenario se fraguó el contrato ahora investigado.
Los servicios que debía prestar la asesoría STAL (que para trabajar con la asociación de ayuntamientos Viento Alto operaba como Munigest) eran los necesarios para que Forestalia abonase una mejor cuota tributaria para los ayuntamientos. Sin embargo, tanto Viento Alto como Mosqueruela tramitaron modificaciones de ordenanzas fiscales para “mejorar” y “rebajar” el “menú tributario” que debía liquidar Forestalia (tasas por expedición de licencia, impuesto de construcciones y obras y canon urbanístico)
Solo el ayuntamiento de Mosqueruela, al final y a pesar del intento de su alcaldesa de rebajar las cuotas tributarias en favor del interés de Forestalia, mantuvo finalmente sus ordenanzas. Gracias a la oposición mostrada en el pleno de agosto del 2024 por el concejal de Teruel Existe, Joaquín Gargallo, que defendió el interés general de los ciudadanos de Mosqueruela, se consiguió que no se concedieran mejores condiciones a Forestalia que a cualquier vecino.
Ignacio Sáez Pontones, a pesar de ser el asesor tributario del ayuntamiento, con causa en ese contrato que se está investigando, se ha “desdicho” de esa propuesta de modificación a la baja que la alcaldesa y equipo de gobierno de Mosqueruela quisieron tramitar. Y en su declaración del martes en sede judicial afirmó que ni siquiera la había conocido.
De las intervenciones prácticas en sede judicial ha quedado constatado que la alcaldesa de Mosqueruela y Forestalia mantuvieron una estrecha relación, llevándose a cabo reuniones varias en el Parador de Teruel y en las propias oficinas de Forestalia en Zaragoza, mantenido estrecha comunicación y facilitando incluso datos desde el ayuntamiento para la confección del proyecto, sin mediar nunca la intervención de secretario municipal ni de arquitectos municipales.
A ello se suma que el Ayuntamiento de Mosqueruela, que mostró especial interés cuando se declaró favorable la declaración de impacto ambiental (hoy investigada en el caso Leyre y por el UCOMA en los propios juzgados de Teruel), no solo no alegó en defensa de su territorio. Es que incluso retiró las alegaciones hechas a la declaración de utilidad pública del proyecto, que permitiría la expropiación de los terrenos afectados por el proyecto, a requerimiento del propio MITECO, el que ahora está siendo investigado en esas otras dos causas investigadas.
A consideración de la letrada que representa a la acusación particular, Dorinda Aventin, la causa debe seguir investigándose, porque el ayuntamiento de Mosqueruela no ha satisfecho adecuadamente el requerimiento de documentación que el Juzgado solicitó. De la otra parte, las defensas de los acusados muestran lógico interés en que se cierre la causa y cese la investigación.
