El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con la última votación incorporando las enmiendas del Senado. Tomás Guitarte en su intervención ha comenzado transmitiendo que representa “un avance radical en la economía del país, aunque llega tarde para su propia finalidad; llega tarde y descuida una mínima ordenación territorial del despliegue de renovables que impulsa”.
Guitarte ha destacado que desde Teruel Existe han trabajado en el Congreso y en el Senado para adaptar esta ley “a las realidades de los territorios que producirán la mayor parte de la electricidad. Sólo lo hemos conseguido parcialmente, pero apoyaremos la ley”.
La necesidad de armonizar el despliegue de renovables con el cuidado del territorio
La ley impulsa la electrificación del sector energético y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija en 157 gigavatios la potencia instalada para 2030, lo que supone 60 Gigavatios de nueva instalación. Para este despliegue, Guitarte ha recordado que el artículo 25, después de que la Ponencia asumiera la enmienda de Teruel Existe, dice en su título: “Desarrollo rural: política agraria, política forestal y energías renovables” y ha detallado que en su segundo párrafo incide en que “el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue, para activar su economía y combatir el declive demográfico.”
Tomás Guitarte ha destacado que “no hay más regulación para la implantación de las macro instalaciones de renovables”
Un punto débil: instalar 6 Gigavatios por año sin beneficios para los territorios
Como contraste ha desgranado una serie de puntos que sintetizan la forma en que se está produciendo el despliegue de renovables. Guitarte ha subrayado que las propuestas, con autorización, para instalar nuevas plantas fotovoltaicas y parques eólicos duplican las necesidades que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”, con un ritmo acelerado de manera que cada año se instalan en España más de 6 gigavatios. También ha recordado que “la implantación se realiza exclusivamente mediante proyectos de grandes compañías eléctricas o de nuevos actores que son grupos de inversión”, y que esta modalidad de desarrollo contrasta con la “ausencia de impulso y apoyo a la generación distribuida”. En referencia a la necesidad de una participación más equitativa de la nueva riqueza que va a generar este despliegue energético, el Diputado turolense ha subrayado que no se ha regulado la equidistribución de beneficios para que las comunidades locales puedan beneficiarse de esta expansión que se produce en sus terrenos y parcelas agrarias o en sus montes.
La corrección de un problema global puede implicar impactos locales muy graves
Tomás Guitarte ha señalado la complejidad del proceso para territorios como la provincia de Teruel, ya que “unas instalaciones que deben combatir un problema global y unas plantas cuyos efectos y dimensiones desbordan claramente los límites territoriales municipales, ven regulada su instalación por competencias autonómicas o locales en pequeños municipios”.
Como han señalado muchos ciudadanos de Teruel, Tomás Guitarte ha recordado que en los proyectos que conocemos “no hay suficiente control ambiental, de manera que la realidad es que las plantas se permiten instalar en las zonas protegidas o en zonas de alto valor paisajístico, y sin atención a la ordenación territorial ni al turismo sostenible”.
Un cambio de usos del suelo radical que debe contar con normas específicas
El diputado turolense ha recordado que para poder cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que fija la ley y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el despliegue de renovables “va a transformar de manera radical más de 160.000 hectáreas”. Lo que implica convertir esta superficie de suelo con “uso agrario, de pastos o de montes, en un espacio industrial o semi-industrial”. Guitarte ha recordado que este proceso se hace “sin regulación específica, con una normativa de ordenación territorial que no lo contemplaba cuando se redactó”.
Adoptar un modelo de regulación similar al de gestión urbanística
En contraste con estos hechos, el diputado Guitarte ha señalado un ejemplo recogido en la legislación española y aplicado por las administraciones, que podría servir de referencia: “la legislación española para los cambios de usos de suelo cuyos efectos no sólo afectan al propietario del suelo sino que representan un aprovechamiento lucrativo del medio ambiente, es decir de un bien común, fijan procedimientos como los que regulan la gestión urbanística. Es decir, en urbanismo, el promotor debe ajustarse de manera completa a los planes ambientales (ZEPAS, Red Natura, etc.), debe minimizar su impacto, pagar al propietario del suelo en función del aprovechamiento lucrativo que se obtiene, y entregar el 15 % del aprovechamiento a la Administración… y compensar el impacto en el medio natural. Por estas razones, hemos registrado una Proposición No de Ley que propone regular y planificar el despliegue”.
El ejemplo de los países de la Unión Europea: control ambiental y participación
Para concluir Guitarte ha señalado que hay ejemplos en los que aprender, que países como Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Francia, “regulan el despliegue de renovables, compatibilizan la generación distribuida de pequeños promotores con los grandes proyectos, respetan la normativa ambiental y compensan a las comunidades locales”.
