El consejero Biendicho (Vox) elude asumir el compromiso que su partido defendió en campaña sobre “limpiar” el Inaga y depurar responsabilidades
Aragón-Teruel Existe ha preguntado este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho (Vox), sobre las actuaciones que el Gobierno piensa emprender para aclarar las posibles responsabilidades administrativas en el denominado caso Forestalia dentro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido de la existencia de una investigación judicial en curso sobre presuntas irregularidades en la tramitación de autorizaciones ambientales vinculadas a proyectos de energías renovables, que apuntan al papel del INAGA y a la empresa Forestalia.
El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha señalado que el sumario judicial recoge presuntas prácticas como la manipulación de evaluaciones ambientales, presiones sobre técnicos, cambios de criterios forzados y posibles desplazamientos de su puesto de trabajo de funcionarios que se oponían a aprobar determinados proyectos. En este sentido, ha reclamado que, con independencia del procedimiento judicial, el Gobierno de Aragón impulse una revisión administrativa que permita esclarecer lo sucedido y a cuántos expedientes ha afectado.
“Usted tiene la obligación de averiguar qué sucedió en el INAGA”, ha defendido Guitarte, quien ha insistido en la necesidad de depurar posibles responsabilidades administrativas de forma paralela a la investigación judicial, sin interferir en ella. Asimismo, ha advertido de que la ciudadanía aragonesa “está denunciando lo que aparece en el sumario”, y ha pedido al Ejecutivo autonómico que no eluda sus responsabilidades en el ámbito de la gestión pública.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha defendido que las responsabilidades pueden ser de distinta naturaleza y ha remitido al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón correspondiente al periodo 2019-2023, señalando problemas estructurales en la gestión del INAGA, como la falta de personal y la externalización de determinados procesos, que habrían debilitado el control de conflictos de interés.
Desde Aragón-Teruel Existe han insistido en que, más allá de las conclusiones de los informes y del proceso judicial en curso, es imprescindible una actuación administrativa transparente que aclare posibles responsabilidades y refuerce los mecanismos de control y de objetividad en la tramitación ambiental.
