Tomás Guitarte critica que el organismo mantenga la falta de transparencia y permita tramitar proyectos con carencias ambientales, mientras Teruel y el medio rural soportan el impacto de la implantación energética.
Teruel Existe ha denunciado este lunes en las Cortes de Aragón la permisividad del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) con los proyectos energéticos, mineros y de biogás, que “está convirtiendo Teruel y el conjunto de Aragón menos poblado en un territorio de sacrificio”. Así lo ha manifestado el portavoz de la formación, Tomás Guitarte, durante la comparecencia del director del INAGA, Luis Simal, en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo.
En la comparecencia, solicitada por Teruel Existe con el objetivo de conocer las líneas de actuación del INAGA en la presente legislatura, Guitarte ha reclamado una moratoria del biogás hasta que exista una regulación específica, con criterios públicos para evaluar los efectos acumulados de las instalaciones, evaluaciones ambientales rigurosas y una directriz de ordenación de las renovables, así como un calendario con fechas para cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
El portavoz de Teruel Existe ha denunciado que el INAGA mantiene una política de autorizaciones que prioriza la agilización de los proyectos frente a la protección ambiental, sin criterios suficientes de ordenación ni transparencia. “Una evaluación que mira cada proyecto por separado no evalúa el territorio, lo trocea”, ha advertido, alertando de que esta permisividad está convirtiendo a la provincia de Teruel en territorio de sacrificio.
Guitarte ha alertado de la proliferación de instalaciones de biogás sin una regulación específica que establezca distancias mínimas respecto a los núcleos urbanos y criterios conocidos para evaluar su impacto conjunto. Según los datos expuestos por Guitarte, existen alrededor de 75 proyectos en 53 municipios aragoneses, diez de ellos en la provincia de Teruel: Cella, Alcañiz, Calamocha, Alfambra, Alloza, Villafranca del Campo, Perales de Alfambra, Fuentes Claras, Valderrobres y Teruel capital.
Guitarte ha cuestionado que el Gobierno de Aragón anuncie una normativa “más estricta y selectiva” mientras los expedientes siguen adelante. Como ejemplos, ha señalado el proyecto de Calamocha, situado a unos 800 metros del suelo urbano, y el de Fuentes Claras, a unos 400 metros de las viviendas.
Por ello, ha exigido una moratoria del biogás hasta que se establezcan reglas claras y criterios públicos que permitan valorar el impacto de todas las instalaciones previstas en cada municipio y comarca, y dejen de declararse de interés autonómico. “¿Tiene el INAGA algún criterio para evaluar el efecto acumulado de decenas de plantas de biogás o de cientos de aerogeneradores en una misma comarca?”, ha preguntado.
En el ámbito de la minería, ha criticado que se tramiten estudios de impacto ambiental que considera incompletos, sin análisis suficientes de alternativas, avifauna o efectos sinérgicos. “Se sigue con la misma manga ancha y la misma falta de transparencia”, ha afirmado Guitarte, al mismo tiempo que ha considerado que el problema no es la velocidad de tramitación, sino la ausencia de una verdadera política de ordenación ambiental.
El Matarraña, de nuevo amenazado por proyectos eólicos
Guitarte también ha denunciado la continuidad de proyectos eólicos cuyos plazos de autorización habrían caducado y ha alertado de que el Matarraña vuelve a estar amenazado por la reaparición de parques de Green Capital que recibieron declaraciones de impacto ambiental desfavorables en 2025 y de proyectos adquiridos por Repsol a Forestalia.
El diputado ha pedido explicaciones sobre las autorizaciones y declaraciones de utilidad pública de parques como los de Mínguez y Portalrubio, así como sobre la reiterada presentación de modificaciones de proyectos como Hoyalta y Cabigordo. También ha cuestionado la tramitación de modificaciones sustanciales sin documentación ambiental suficiente, el fraccionamiento de grandes proyectos y la ocupación de montes de utilidad pública sin estudiar alternativas.
Asimismo, ha puesto el foco en la protección de la biodiversidad, preguntando por qué se admiten repotenciaciones y nuevos parques eólicos en áreas de recuperación de especies amenazadas, como la alondra ricotí y el águila azor perdicera, y por qué no se publican las áreas de recuperación de aves esteparias. Guitarte también ha cuestionado la tramitación del parque de Alpeñés, cuyos cuatro aerogeneradores, según ha expuesto, ya habían sido evaluados ambientalmente en otro proyecto, el de Piedrahelada.
La Cámara de Cuentas señala deficiencias del INAGA
Teruel Existe ha reclamado también un calendario concreto para aplicar las recomendaciones del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, conocido por las Cortes el pasado 25 de febrero, en el que cuestiona que el Inaga no haya elaborado un estudio de costes del servicio desde su constitución en 2004.
El portavoz ha criticado que el INAGA cobrara unos 820.000 euros por evaluar proyectos que suman 11.205 megavatios y representan inversiones estimadas de entre 8.000 y 9.500 millones de euros, apenas un euro por cada diez mil. Esto significa 70 veces menos que en Alemania. Ha señalado que la tasa aragonesa deja de aumentar a partir de los tres millones de euros de inversión, por lo que instalaciones de dimensiones y costes muy diferentes pueden abonar cantidades similares. “Paga lo mismo una nave de 3 millones que un polígono eólico de 500 millones”, ha apuntado. “En Dinamarca, por ejemplo, se paga por la tramitación el coste real del trabajo en evaluarlo, pero después, el promotor paga al municipio 42.000 euros por Megavatio”, ha añadido.
Así, Guitarte ha insistido en que la transición energética debe desarrollarse con planificación, garantías ambientales y respeto a las poblaciones rurales. Por ello, ha reclamado al director del INAGA que responda a las cuestiones planteadas, establezca criterios transparentes y concrete fechas para cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, de manera que la evaluación ambiental proteja el territorio y no se limite a tramitar proyectos de forma individual.
