Piden reconocerlos como entidades de economía social, porque cumplen una función esencial, donde no llega el libre mercado
La Agrupación de electores de Teruel Existe registró a finales del mes de enero una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que plantea el reconocimiento como entidades de la economía social a los bares (pequeños establecimientos de hostelería) y las pequeñas tiendas, comercios, y servicio de venta ambulante, que prestan sus servicios en municipios de menos de 200 habitantes. El objetivo es que puedan acogerse a los incentivos y beneficios que tienen reconocidas las empresas de economía social, para facilitar así su viabilidad a largo plazo y evitar el cierre de muchos establecimientos manteniendo estos servicios esenciales. Así lo ha trasladado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en rueda de prensa desde el Congreso, en la que ha demandado sensibilidad con este asunto al resto de grupos políticos y ha solicitado su apoyo a esta proposición de ley.
Teruel Existe ha propuesto la modificación del artículo 5 de la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, que en el momento de su aprobación supuso el reconocimiento de la labor de miles de entidades que priorizan objetivos sociales y referentes al bien común, por encima del beneficio económico. La norma denomina como economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales privadas llevadas a cabo con el fin de perseguir un «interés general económico o social» y reconoce que su principio rector es la «primacía de las personas y del bien social sobre el capital». Para Teruel Existe, el texto legislativo debería ampliarse para incluir este tipo de servicios que, de esta forma, podrían tener bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, reducciones de impuestos y en algunos casos exenciones, convocatorias exclusivas en determinadas subvenciones,…
Servicios básicos, función social, cohesión comunitaria y desarrollo económico
La Agrupación de electores alude a que desde su propia experiencia diaria en los pueblos constatan que estos establecimientos trascienden del factor económico y prestan un servicio a los ciudadanos, que debe reconocerse en la ley. Defienden que cumplen las funciones de servicios básicos en las poblaciones rurales más pequeñas, puesto que en muchas de ellas no existen otras posibilidades para la adquisición de productos de primera necesidad, ni tampoco otros servicios de restauración y ocio, asimilando sus funciones a las de «centro social de convivencia o encuentro de la comunidad local». Aluden también a diferentes estudios académicos en los que se destaca la importancia de estos servicios como herramienta en la lucha contra la despoblación y se asegura que “en los municipios donde se cierra un bar o un pequeño comercio, la despoblación avanza mucho más rápido que en aquellos donde se mantiene abierto”. Explican que junto a la escuela, el cierre del bar suele ser indicativo de que un pueblo está en declive. Tomás Guitarte ha hecho hincapié en que “estos establecimientos fomentan la cohesión comunitaria y el desarrollo económico”.
Teruel Existe también argumenta que la problemática ocasionada por la despoblación genera grandes dificultades para sus gestores y sobre ellos se cierne a menudo la amenaza del cierre: “muchos municipios de menos de 200 habitantes no tienen o ven peligrar la supervivencia de su bar y comercio de alimentación, incluso mediante la venta ambulante”. Guitarte ha indicado que se ha realizado un cálculo orientativo por el que serían más de 140.000 los residentes en pueblos de España que carecen del servicio social que ofrece un bar, una cifra que se eleva en gran medida en cuanto a comercios de alimentación se refiere.
Para Teruel Existe, la pérdida de estos servicios da lugar a una situación de falta de equidad en las condiciones de vida de las personas, especialmente las de mayor edad, una brecha territorial determinada por el lugar en el que se reside. Por todo lo expuesto, pide que el Estado apoye la función social que prestan estos servicios en cuanto que favorecen la calidad de vida de quienes habitan la España vaciada.
Asimismo, en la exposición de motivos de la Proposición de Ley presentada, valoran que estos servicios que el mercado provee por sí solo en municipios más grandes, deben respaldarse institucionalmente allá donde no llega la libre competencia, en busca del interés general de la población que reside en la España vaciada. El diputado turolense también ha solicitado que “no se pongan trabas a quienes deciden emprender en el medio rural, porque sorprende que un pequeño establecimiento de este tipo deba seguir los mismos trámites administrativos y tenga las mismas cargas fiscales que el que se establece en una gran ciudad, cuando la repercusión no va a ser la misma”. Además, alegan que el coste económico de esta medida para el Estado sería mínimo. Defienden que deberían ser considerados “elementos propios de la economía social, al igual que la tienen otras actividades económicas diferenciadas que requieren de acciones sustantivas de apoyo y fomento público, con incentivos y beneficios reconocidos para reforzar su viabilidad a largo plazo”. Valoran que esta medida permitiría salvar del cierre a muchos establecimientos y también que muchos otros iniciaran su actividad allí donde no han permanecido abiertos”, concluyen.
