“Es una muestra más del abuso de autoridad del actual alcalde”
Los componentes de la candidatura municipal de Teruel Existe a las próximas elecciones municipales en la localidad de Terriente denuncian que el alcalde de la localidad está bloqueando el desarrollo del proyecto de un centro educativo de carácter privado. Explican que en el mes de junio de 2021 se presentó en el Ayuntamiento una solicitud de licencia de obra para la construcción de un colegio en esta población. El proyecto fue declarado de Interés Público y supondrá una inversión aproximada de 1.800.000€ y entre 18 y 20 puestos de trabajo. Sin embargo, afirman, casi dos años después, el consistorio no ha dado el permiso solicitado, dando por cerrada la vía administrativa, y obligando a los promotores a iniciar un procedimiento Contencioso Administrativo, “con lo que supone en coste y demora para este proyecto”.
Los candidatos de Teruel Existe aseguran que el proyecto cumple perfectamente los condicionantes de la parte técnica y denuncian que el alcalde no lo lleva adelante por un “conflicto de intereses”. Consideran que desde el ayuntamiento han planteado “todas las trabas posibles, agotando todos los recursos técnicos y administrativos”.
En última instancia, el consistorio ha alegado que el acceso asfaltado al centro, de 900m y por el que se accede a la Residencia de Mayores, no está lo suficientemente adaptado para el transporte escolar: “no está garantizada la accesibilidad de los vehículos, en particular autobuses a la parcela por el camino de entrada. Deberá el promotor diseñar y/o justificar que las características de trazado y del firme son suficientes para el tráfico previsto”. Se trata de un camino municipal, y la candidatura local de Teruel Existe alude al Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, “por la que se puede deducir que no concurren los requisitos para que la promotora se haga cargo del mantenimiento del camino citado”. Explican que la competencia municipal en materia de vías públicas alcanza tanto a las urbanas como a las rurales y es obligación de las entidades locales mantenerlas en buen estado de conservación. También remiten a la disposición de la ley que establece que “las vías públicas rurales constituyen en cuanto a su utilización un supuesto de uso común general, no sujeto a licencia o autorización, estando su uso permitido por igual a todos”. Argumentan su postura con más legislación: el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y artículo 42.2.d) de la Ley de Administración Local de Aragón (7/99), una competencia local, valorada como determinante de la imputabilidad de los hechos al Ayuntamiento (art. 90 de la Ley 7/99 y 38 TRRL para entidades locales menores).
Por todo lo expuesto, denuncian que “esto es una muestra más del abuso de autoridad e intencionalidad de mermar el desarrollo rural por parte del alcalde actual”.
