Este martes han declarado como testigos el presidente de Forestaria, Fernando Samper, y el concejal de Teruel Existe Joaquín Gargallo. Alba Lucea, alcaldesa del municipio, declarará este jueves
Joaquín Gargallo, concejal de Teruel Existe: “Estamos ante un contrato ilegal y corresponde a la Justicia dilucidar las responsabilidades”
Este martes ha comenzado el proceso judicial en el Juzgado la Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea, por un contrato presuntamente irregular con una asesoría de Cuenca, relacionado con el Clúster del Maestrazgo, tras la denuncia presentada por la oposición en el Ayuntamiento de Teruel Existe hace meses por posible prevaricación administrativa.
En la sesión de este martes han declarado como testigo el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y el concejal de Teruel Existe, Joaquín Gargallo, mientras que la alcaldesa Alba Lucea está citada a declarar como investigada este miércoles.
La abogada de Teruel Existe, Dorinda Aventín, ha explicado que las diligencias judiciales se centran en un contrato de asesoramiento jurídico firmado por la alcaldesa, vinculado a los proyectos de energías renovables en el municipio. La denuncia sostiene que la empresa recibiría un 15% de los ingresos que el Ayuntamiento recaudara por los impuestos derivados de estos proyectos.
Aventín ha incidido en que el contrato “se ha forjado al margen de la ley de contratación del sector público y con absoluta grosería respecto a las reglas de contratación que toda administración pública tiene que guardar y preservar”. “Este contrato a su vez ha dado lugar a la reclamación por parte de la empresa de una primera factura que asciende a 104.000 euros y se considera que no está ni justificado sus trabajos ni se considera que deba ser abonada”, ha agregado.
El contrato, inicialmente fechado en 2021, tenía un importe de 14.999,99 euros, justo por debajo del límite legal para contratación directa, y posteriormente se firmó otro contrato en 2023 con la misma asesoría, al que corresponde una factura de 105.000 euros.
El contrato estaría relacionado con la gestión de tributos municipales derivados de los proyectos de Forestalia en Mosqueruela y otros municipios del Maestrazgo, incluyendo impuestos, tasas y posibles cánones por ocupación de monte público o bienes patrimoniales. Según Aventín el Ayuntamiento “hoy por hoy está en vías de declarar su nulidad, lo cual reconoce que este contrato no hubiera tenido que celebrarse nunca, por eso la oposición decidió formular denuncia en los juzgados de instrucción de Teruel, por si pudieran concurrir indicios de prevaricación”.
Al término de la sesión el concejal de Teruel Existe en el Ayuntamiento de Mosqueruela, Joaquín Gargallo, ha explicado que “desde septiembre percibimos que este contrato carecía de fundamentos y podía ser considerado nulo. Estamos ante un contrato ilegal y corresponde ahora dilucidar las responsabilidades que puedan derivarse”, ha declarado, resaltando que “ un cargo público debe cumplir con el mandato del juramento que se hace al asumir un cargo público, hacer cumplir la Constitución”.
El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado como testigo, desvinculándose del contrato y mostrando desconocimiento sobre los detalles de la asesoría y la alcaldesa, aunque ha reconocido reuniones con alcaldes de municipios afectados por los proyectos.
