El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado alegaciones a los estudios de impacto ambiental de los proyectos del Cluster del Maestrazgo con veintidós parques eólicos y dos plantas fotovoltaicas, así como a los parques eólicos de Cabigordo y Agualobos. En las alegaciones consideran que “se han vulnerado numerosas leyes, tanto de la Unión Europea, como autonómicas y nacionales” y denuncian muchas “irregularidades importantes”.
Desde Teruel Existe destacan que “somos partidarios de las energías renovables, pero su implantación siempre tiene que ser compatible con el mantenimiento de los valores ambientales, socioeconómicos y paisajísticos, algo que en estas comarcas no se está cumpliendo.”
Las dimensiones de los macroproyectos de renovables en las sierras de Teruel
El gran proyecto del Maestrazgo suma la instalación de 22 parques eólicos en Fortanete, Mosqueruela, Iglesuela del Cid, Cantavieja, Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Puertomingalvo y Linares de Mora. Supondría la construcción de 161 aerogeneradores (cada uno de ellos con una torre de 121 m. y tres palas de 79 m, lo que representa una altura total de 200 m), 500 torres de alta tensión de 45 m. de altura cada una, 10 subestaciones eléctricas, 150 km. de líneas eléctricas y 400 kms. de pistas asfaltadas de acceso.
En Mosqueruela, Puertomingalvo y Linares de Mora,también proyectan la construcción de dos plantas fotovoltaicas de 70 hectáreas cada una, (en total la extensión de 200 campos de fútbol), añadido a una línea eléctrica de 4 km con 17 apoyos de más de 30 m. de altura, con 27 kms. de nuevos caminos y dos vallas perimetrales con un total de 20 km de vallado.
Los proyectos de Cabigordo y Agualobos, en los términos Corbalán, Cedrillas, El Pobo, Ababuj, Galve, Perales del Alfambra y Cañada Vellida, consisten en la instalación de 2 parques eólicos, con 24 aerogeneradores, 51 torres de alta tensión de 40 metros de altura, tres subestaciones, 15 kilómetros. de línea eléctrica y 40 kilómetros de pistas de acceso. Los estudios de impacto han estado expuestos a información pública durante un mes y han generado bastante polémica en toda la provincia por la gran extensión superficial de los proyectos y sus graves impactos sobre los valores medioambientales y paisajísticos, además de afectar a la sostenibilidad socioeconómica de los pueblos implicados.
Ahora, tendrá que pronunciarse el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el caso de los parques eólicos del Maestrazgo, o el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en el caso de los otros dos parques. Los responsables de estas administraciones tienen que emitir una Declaración de impacto ambiental (DIA), que puede ser favorable o, en su caso, desfavorable.
Consideran que se vulneran tanto el derecho europeo como la normativa española
En las alegaciones del Movimiento ciudadano Teruel Existe se señalan varias directivas, legislación estatal y autonómicas que pueden ser vulneradas en los proyectos, “como la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la Convención Europea del Paisaje; legislación estatal como la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental; y varias normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, como la Ley aragonesa 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés.
Proyectos de macro parques de renovables en espacios naturales protegidos
Teruel Existe resalta en sus alegaciones que estos parques eólicos están proyectados dentro del Geoparque del Maestrazgo de la Unesco, del Parque Cultural del Maestrazgo y del Parque cultural del Chopo Cabecero, incumpliendo la legislación por la que se crearon.
También destacan que, dado su emplazamiento previsto en el proyecto, muchos son colindantes o incluso están dentro de cinco espacios protegidos declarados Lugares de Importancia Comunitaria, dentro de la Red Natura 2000, además de en seis espacios protegidos declarados Zonas de Especial Protección para las Aves, dentro de la Red Natura 2000.
Por otro lado, consideran que se plantean medidas correctoras de impacto de imposible ejecución, y que “no se han evaluado correctamente las afecciones a las zonas de Red Natura 2000 ocupadas ni a las colindantes, ignorando los valores extraordinarios de calidad y fragilidad en los estudios de paisaje”.
Además, en las alegaciones se señalan que el emplazamiento de los proyectos “afecta a especies protegidas de avifauna y flora que se encuentran en peligro de extinción”, y entre ellas destacan que hay proyectos que se ubican dentro de la zona del plan de recuperación del Quebrantahuesos y Águila azor perdicera, ambos en peligro de extinción.
Las alegaciones señalan irregularidades administrativas graves en los proyectos
En el escrito de alegaciones se señalan “irregularidades importantes” en los propios Estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, que los 22 parques eólicos “no pueden ser presentados como un solo estudio de impacto ambiental, ya que incumple la ley de evaluación ambiental imposibilitando la presentación de recursos posteriores”. Que la evaluación realizada “carece de un estudio real de los efectos sinérgicos y acumulativos que se produce por la suma de parques uno a continuación del otro”. Que no ha existido el obligatorio estudio de alternativas viables para cada proyecto, y que “no hay estudios del grado de aceptación de la población como marcan las directivas europeas”. Además, consideran que en algunos proyectos “no se han respetado los plazos reglamentarios de exposición a información pública, dificultando el proceso de alegaciones”.
Denuncian que “los estudios de impacto son incompletos y pueden contener numerosas falsedades y ocultaciones”; como por ejemplo que no se aporta la justificación de los proyectos basada en mediciones adecuadas del recurso eólico y que algunos proyectos no disponen del documento de síntesis que obligatoriamente deben contener. Por otro lado, destacan la frecuente omisión de la proximidad de los futuros macro parques a espacios naturales o protegidos, que algunos proyectos contienen estudios de avifauna de hace 14 años y otros realizados en lugares distintos de los elegidos como emplazamiento.
Carecen de estudios arqueológicos, paleontológicos y de impacto socioeconómico
Respecto al Patrimonio cultural, las alegaciones señalan que no se han realizado los estudios arqueológicos y paleontológicos que debería contener el estudio de impacto y se posponen a un momento posterior, donde ya no se someterán a información pública. En las alegaciones valoran que destruyen parte del patrimonio protegido de construcciones de piedra seca catalogados como Bien de interés cultural”, y que afectan a los yacimientos paleontológicos de Galve y de otros pueblos.
En cuanto al impacto socioeconómico en las alegaciones denuncian que “se han falseado al sobrevalorar los datos sobre creación de empleo”. Que no se considera ningún impacto negativo sobre el turismo ni sobre otros sectores y no se valora que las afecciones e impactos al paisaje, pueden disminuir el atractivo paisajístico, cuyo efecto puede reducir y limitar el desarrollo del sector turístico.
