Fraccionamiento de proyectos irregular, posible conflicto de intereses porque empresas subcontratadas por el INAGA realizan la evaluación de impacto ambiental en proyectos de sus propios clientes, y diversas irregularidades
Teruel Existe está denunciando desde hace tiempo la falta de ordenación territorial previa para la implantación de centrales de energía renovables, la falta de un Plan energético y el fraccionamiento de proyectos y de líneas de muy alta tensión para disimular su impacto ambiental, así como la ocupación de espacios naturales y de alto valor paisajístico. Recientemente además, presentaron un informe en el que se demostraba cómo desde el Gobierno de Aragón no se está impulsando la implantación del autoconsumo, con una ejecución sólo del 25% del programa de ayudas. Afirman que Teruel Existe ha presentado ya más de 150 alegaciones a proyectos de renovables pero no se ha recibido contestación a ninguna, una situación que consideran “muy grave”, porque supone que “la administración esté funcionando como una apisonadora, sin escuchar las alegaciones de los ciudadanos, con falta de transparencia e información pública muy deficiente”.
Ahora el grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano ha presentado una denuncia por posibles delitos ambientales ante los fiscales de Medio Ambiente de Teruel, Huesca y Zaragoza, y también en la fiscalía general del Estado (sala de medioambiente y urbanismo). Exponen 15 casos “flagrantes” de presuntas irregularidades constantes en la evaluación de plantas de energías renovables en Aragón, para las que aportan pruebas y documentación, para que sean las fiscalías quienes evalúen si el INAGA está incurriendo en irregularidades administrativas en cuanto a que no se ha realizado una evaluación ambiental adecuada y ha existido infracción de la norma medioambiental.
Estos quince casos, seis eólicos y nueve de fotovoltaicos, abarcan las tres provincias aragonesas. Hay cinco casos en la provincia de Teruel, que afectan a los municipios de Muniesa, Loscos, Monforte de Moyuela, Huesa del Común, Cañada Vellida, Cuevas de Almudén, Alfambra, Orrios, Escucha y Jarque de la Val, tres en la de Huesca, con afecciones en Castelflorite, Berbegal y Peralta de Alcofea, y siete en la de Zaragoza, en las poblaciones de Mediana de Aragón, San Mateo de Gállego, Puebla de Albortón, Valmadrid, Fuendetodos, Quinto de Ebro, Fuentes de Ebro, Alfajarín, Perdiguera y Zaragoza.
Aseguran que seguirán denunciando todas aquellas irregularidades que observen en la tramitación de los expedientes, tanto del INAGA como del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Estrategia empresarial generalizada en Aragón
En rueda de prensa realizada esta mañana, Mariano Tomás, del grupo de Energía y Medio Ambiente, ha estado acompañado de Francisco Juárez, coordinador general de Aragón Existe, y Manolo Gimeno, del Movimiento ciudadano Teruel Existe. Afirman que en el trabajo de estudio de los proyectos presentados que han realizado se corrobora cómo “las empresas han desarrollado una misma estrategia para conseguir que las evaluaciones de impacto sean casi un mero trámite administrativo”. Afirman que han presentado denuncias de los 15 casos más representativos pero “podrían hablar de muchos más casos, incluso de un centenar”, por lo que solicitan que los fiscales valoren si se está produciendo un comportamiento generalizado con la fragmentación y tramitación irregular en todos los proyectos por parte del INAGA.
Aragón Existe y Teruel Existe valoran pedir una comisión de investigación en las Cortes
Francisco Juárez ha afirmado que Aragón Existe y Teruel Existe han querido estar presentes en la rueda de prensa para demostrar su apoyo a estas denuncias y como “correa de transmisión a la política» del trabajo del Movimiento ciudadano. Juárez ha informado de que los partidos de Teruel Existe y Aragón Existe llevarán a sus próximas ejecutivas un acuerdo para que, “cuando obtengamos una próxima representación parlamentaria en Aragón, solicitar una comisión de investigación de la tramitación de renovables en Aragón, tanto en el departamento de Industria como en el INAGA”.
Fragmentación en más de la mitad de los proyectos
El Movimiento ciudadano Teruel Existe afirma que el 54% de los parques eólicos que hay en tramitación en estos momentos en Aragón son producto de una fragmentación irregular (57 instalaciones de un total de 104), y en cuanto a megaplantas fotovoltaicas, de 263 expedientes, 156 son producto de fragmentación irregular, un 59 % de las mismas. Han detallado que estas plantas “comparten infraestructuras básicas, se solapan espacialmente, se tramitaron a la vez o en breve espacio de tiempo y son tramitadas por el mismo grupo empresarial”.
Explican que la fragmentación irregular de proyectos es una práctica de determinadas empresas cuya finalidad es que la potencia prevista de la instalación no supere los 50 MW porque, si supera este umbral, la competencia para su autorización es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero si no lo supera, la competencia es de la Comunidad Autónoma. Consideran que el Gobierno de Aragón “se ha arrogado para sí la competencia para su tramitación, sin inhibirse en favor de la Administración General del Estado, por cuanto se están tramitando, de manera artificiosa e indebida, proyectos claramente fragmentados”. Denuncian que esta práctica se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 3 años en Aragón por parte de determinadas empresas, “ante la permisividad y pasividad de la administración autonómica”, y exponen que las exigencias ambientales del INAGA son menores que las exigidas por el Estado. Como resultado de todo ello, quieren demostrar con pruebas que “Aragón está siendo muy poco riguroso tanto en la evaluación técnica de los proyectos como en la evaluación ambiental y, por ello, la mayoría de los promotores prefieren que sus proyectos sean tramitados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
Conflicto de intereses, empresas evalúan para el INAGA proyectos de sus clientes
El grupo de Energía y Medio Ambiente de Teruel Existe detalla las facilidades que consideran que ofrece el Gobierno de Aragón en estos procedimientos, como que los proyectos no son evaluados directamente por el órgano ambiental sino que el INAGA desde principios del año 2021 ha realizado contratos con tres empresas para apoyo técnico y administrativo para la tramitación de estos expedientes. Estas empresas, a su vez, han elaborado para los promotores muchos de los Estudios de impacto que son objeto de esta evaluación ambiental y tienen “algún tipo de relación de interés con el promotor del expediente” ya que continúan trabajando con esos mismos promotores en otros proyectos de energía renovable. Denuncian que “es muy grave, y suponemos que no serán las mismas empresas las que se evalúen a sí mismas, pero de cualquier manera, trabajan para los mismos promotores, y como mínimo pone en evidencia un conflicto de intereses, de tal forma que el INAGA no está actuando de manera independiente y objetiva”.
Además, indican que en las evaluaciones de impacto de Aragón, “y no en el Estado ni en otras Comunidades”, se permite al promotor aportar documentación importante para su evaluación ambiental al expediente después de haber concluido el trámite de información pública. Así, exponen que toda la documentación no ha sido sometida a exposición pública y el ciudadano no ha podido presentar alegaciones.
También afirman que el INAGA no actúa como evaluador en la tramitación ambiental sino que actúa durante todo el procedimiento de manera proactiva, indicando a los promotores las medidas a considerar antes de emitir la Declaración de impacto ambiental (DIA).
Denuncian también que en el trámite de audiencia previo a la formulación definitiva de la Declaración de impacto ambiental se le permite al promotor aportar nueva documentación e incluso alterar el proyecto, con alternativas nuevas (cambio de ubicación de aerogeneradores, cambiar la potencia de aerogeneradores, modificación de trazados de línea…), “llegando al caso de haber convertido un impacto ambiental desfavorable en compatible con un mismo proyecto, o simplemente partiéndolo en dos, incluso que el mismo día que se hace declaración de impacto ambiental desfavorable por la mañana, por la tarde ya es favorable con la excusa de corrección de un error”. Han contrastado que “a veces, después de una DIA favorable se ha modificado el proyecto, y se ha anunciado en BOA pero ya sin estudio de impacto ambiental nuevo”. Añaden que en ninguno de los 15 casos se ha respetado el plazo completo de información pública de 30 días hábiles, “limitando la participación ciudadana y con ello la defensa del medio ambiente”. Por todo ello, valoran que esta “falta de rigor no es tolerable para una administración pública”.
“Si esto fuera tan rentable y maravilloso no se instalaría en la España vaciada, estarían en Madrid, donde no hay ni un solo molino»
El portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, ha argumentado que toda esta premura en la producción de energía proyectada no responde a una mayor demanda en España, que incluso en algunos años ha disminuido. La potencia instalada es “3,5 veces mayor de lo que consumimos en un momento pico de máximo consumo”. En el caso de Teruel, ha detallado, se quieren instalar 8000 megavatios de potencia, una cifra superior a la que generan todas las centrales nucleares del país, cuando “en esta provincia sería suficiente con 75 megavatios para dar servicio a 53.000 hogares, y por tanto se proyecta 106 veces más de lo necesario”.
Todos estos datos sostienen el argumento que denuncian Teruel Existe y Aragón Existe, de que “lo que hay detrás de la expansión de renovables es una cuestión económica que determina donde se instalan estos megaproyectos y por qué: “hay territorios de sacrificio, buena parte de la España vaciada, que son los que más producen y menos consumen, mientras que donde menos centrales de renovables se instalan es donde más se consume”. Así, alegan que en Aragón hay 176 centrales eólicas, mientras que en Madrid no hay ninguna, en Cataluña hay 47, en País Vasco 7 y en la Comunidad Valenciana 39. “Si esto fuera tan rentable y maravilloso, no nos dejarían nada”, ha zanjado Gimeno. Francisco Juárez ha afirmado que “producimos electricidad en estos territorios de sacrificio, sin respetar nuestro entorno natural, para suministrar a las industrias, que están en otros territorios, donde se genera el empleo y a donde se tendrán que ir nuestros hijos”. Para Manolo Gimeno, además esta situación genera un preocupante enfrentamiento social en los pueblos, con pequeños ayuntamientos infrafinanciados a los que les presentan estos proyectos como solución a la financiación de sus necesidades y servicios habituales, “cuando realmente están aportando al territorio poco más de un 3% de sus beneficios en alquileres e impuestos, mientras que en otros países europeos superan el 30%”.
