El senador de la Agrupación de electores de Teruel Existe demandó información a la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, en la Comisión de Función Pública, acerca de la difícil cobertura de plazas y las consiguientes deficiencias en la garantía de prestación de servicios públicos en la España vaciada.
Egea comenzó su intervención recordando que gracias a la fuerza de los vecinos de las Cuencas Mineras de Teruel, así como a la insistencia y trabajo de la senadora de la Agrupación de electores Beatriz Martín, se logró la reapertura del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Montalbán (Teruel); sin embargo, queda pendiente solucionar la restricción de este servicio en otras muchas poblaciones de la España vaciada, como Molina de Aragón (Guadalajara), Caspe o Daroca (Zaragoza). En atención a esta situación, preguntó por las medidas del Gobierno para solucionar los problemas de personal con que se encuentran estas oficinas. Precisamente, recordó Egea, Montalbán fue tomado como ejemplo por el Secretario de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, para establecer una “solución” al problema, al valorar que los funcionarios de estas oficinas con menos carga laboral directa pueden asumir trabajo de otras, si se descentralizan las tareas de la Seguridad Social. Joaquín Egea quiso saber también si desde esta Secretaría de Estado se habían implantado medidas para dar cumplimiento a lo aprobado en dos mociones de Teruel Existe: la primera de mayo de 2021, en el Senado, relativa a desarrollar incentivos, como el complemento de territorialidad, para solucionar la cobertura de plantillas de empleados públicos en zonas despobladas (Guardia Civil, INSS, Juzgados, Agencia Tributaria, Catastro y Confederaciones Hidrográficas); y la segunda, de comienzos de este mes de octubre, por la que el Congreso aprobó una propuesta para fomentar el teletrabajo de los empleados públicos que residan en el medio rural.
La secretaria de Estado centró su respuesta en el desarrollo de la regulación del teletrabajo, con el establecimiento de un paquete específico para zonas de riesgo demográfico y de difícil cobertura que permitirá desarrollar un 90% de la jornada en esta modalidad, quedando la asistencia presencial establecida en un día al mes, “con la intención de hacer atractiva la implantación en el territorio de los empleados del Estado”. Lidia Sánchez confirmaba así que el Gobierno ejecutará la medida recogida en la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por Teruel Existe a la que se refirió Egea, sobre la aplicación de un plan de trabajo a distancia para el sector público, que contribuya a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Indicó que se trata de “una posibilidad excepcional, dado que la forma ordinaria de prestación de los servicios públicos es la presencial y porque el teletrabajo no es un derecho, sino una fórmula que gira en torno a la eficacia en la prestación de estos servicios, que ofrece posibilidades como ésta de la movilidad”. Explicó que conllevará una autorización para trabajar en lugares con problemas de despoblación o difícil cobertura y que una vez al mes tendrán que acudir a su centro de trabajo de origen. También adelantó que se llevarán a cabo convenios con las administraciones locales para habilitar instalaciones públicas como centro de trabajo para estos funcionarios.
El senador turolense también preguntó por la cobertura de plazas para cubrir las plantillas de los cuarteles de la Guardia Civil de la España vaciada, para lo que han presentado diversas propuestas al Gobierno, como el reconocimiento del complemento R3 de territorialidad en destinos de municipios menores de 30.000 habitantes, en territorios rurales en declive demográfico y con baja densidad de población, así como en otros territorios que, por su situación geográfica de insularidad o de áreas de montaña, presenten dificultades para completar sus plantillas. “Nos gustaría conocer las razones de la negativa del Gobierno a tomarlas en consideración.
