La propuesta se plantea en una de las seis enmiendas que han presentado al proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones que se debate en el Senado.
Joaquín Egea intervino en la Cámara para exponer al resto de grupos parlamentarios sus propuestas,entre las que destaca la modificación del texto inicial relativo a la velocidad mínima, para que se eleve de los 30 Mbps de bajada que ya establecía la ley anterior, de 2014, a “100 Mbps simétricos”. El senador turolense recordó que esta misma propuesta está aprobada al menos en dos ocasiones anteriores en las cámaras, incluida en una moción de Teruel Existe acerca del Plan 100/30/30 de junio de 2021, o en otra iniciativa aprobada recientemente sobre la toma en consideración de una modificación de la Ley. Por esta razón, Egea mostró su disconformidad con que en el proyecto de Ley se planteen sólo 30 Megabits por segundo (Mbps) de bajada de datos como velocidad mínima, y se olviden de tener en cuenta algo tan básico como es la simetría, para bajada y subida”, ambas condiciones exigidas en la enmienda presentada. Incidió en que es preciso adecuar las telecomunicaciones en la España vaciada a los tiempos que vivimos, porque son necesarias para el desarrollo no sólo del ocio o el comercio electrónico, sino sobre todo para permitir el teletrabajo en el medio rural y para dotar de calidad los servicios sanitarios que ofrecen los consultorios médicos. Egea tildó de “injusta” la aspiración a 30 Mbps, y demandó al Gobierno que se adelanten en términos de legislación y gestión al rápido avance de las tecnologías de la información. En concreto, ha alabado la actuación del Gobierno de Cantabria, que ha desplegado la fibra por todo el territorio, facilitando el acceso al uso de un servicio básico.
Penalizaciones para averías reiteradas o que se extiendan en el tiempo
Por otra parte, Teruel Existe pide la modificación del artículo 65, relativo a la regulación del servicio de atención al cliente que deberán habilitar las compañías, para que tengan “especial atención y faciliten la información a los alcaldes y personal de ayuntamientos en casos de averías o incidencias masivas de telefonía fija, móvil y banda ancha, para que puedan mantener conocimiento, seguimiento y ofrecer explicaciones a su población”. Además, proponen que la ley establezca penalizaciones al operador responsable ante averías de una duración de más de 24 horas o repetidas en un plazo de 30 días naturales, una situación que “lamentablemente, sucede en muchas localidades de la España vaciada, con tecnologías antiguas en muchos casos, que suelen fallar más de lo habitual”.
Otra de las enmiendas plantea la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas, o el uso compartido de las infraestructuras y recursos asociados, por parte de las diferentes administraciones con competencias en el ámbito local (diputaciones, comarcas y ayuntamientos), en ocasiones de necesidad justificada.
También demandan que se establezca un plazo para que las operadoras retiren de las fachadas y edificios las infraestructuras obsoletas cuando se produzca un salto tecnológico, poniendo el ejemplo de las cajas de telefonía de cobre. El senador turolense ha incidido en que se desarrolle urgentemente esta medida en los edificios catalogados de bien de interés cultural, de relevancia local, bien de interés local o categorías similares, especialmente en los pueblos.
Alfabetización digital en el medio rural
Para terminar, Joaquín Egea ha trasladado su extrañeza porque el Plan de Acceso a Internet que plantea la ley en el apartado de políticas de impulso de los derechos digitales, no cuente con las entidades locales para desarrollar los procesos de aprendizaje para superar la brecha digital. Egea ha explicado que en provincias como Teruel, con muchos pueblos y muy dispersos, sería oportuno contar con ellas para la alfabetización digital que precisan diversos colectivos, como los mayores, y ha propuesto que se trabaje desde las escuelas de adultos, “que realizan una labor extraordinaria en el territorio”.
