Tomás Guitarte pide que se legisle la transformación energética para que las centrales eólicas y solares creen desarrollo y empleo en el medio rural al transformar el uso del suelo.
En el debate para convalidar el Real Decreto Ley 23/2020 en el Congreso, con el que el Gobierno pretende acelerar la implantación de las energías renovables y clarificar los calendarios de las autorizaciones administrativas mediante medidas sobre el proceso de implantación de parques eólicos y centrales fotovoltaicas, el diputado Tomás Guitarte ha destacado una serie de aspectos que olvida y que en Teruel Existe consideran fundamentales.
El diputado ha señalado importantes objeciones a este proceso de cambio energético relacionadas con el preocupante retraso en la firma del convenio de transición justa en Andorra, y el olvido del impacto ambiental y socioeconómico que estas instalaciones van a provocar en Teruel, en Aragón así como en las provincias que sufren problemas de despoblación.
Guitarte ha comenzado su intervención recordando que hace 15 días cerró definitivamente la central térmica de Andorra, en Teruel, sin que se haya llevado a cabo un convenio de transición justa que recupere el empleo perdido, que recupere cerca del 10% del PIB perdido en la provincia, y ha insistido en que “debe haber una transición justa que recupere una comarca que necesita un futuro nuevo y alentador”. Desde la Agrupación de electores siempre reclaman que dicho convenio debe abordar un cambio de sistema productivo, y no solo mantener los empleos directos actuales.
El diputado ha transmitido la preocupación de Teruel Existe por el enfoque exclusivamente extractivo que el proceso de autorización adopta en las instalaciones de energías renovables. “No podemos consentir que en estos territorios se vea la implantación de la solar y la eólica como un elemento extractivo, igual que sucedió con el carbón, el hierro o con otras materias primas”, ha destacado.
Tomás Guitarte ha planteado que deben crearse una serie de medidas que hagan asimilar esta nueva actividad a otras actividades que generan economía en el mercado, “para nosotros no basta que una compañía o un inversor se ponga de acuerdo con el dueño del suelo para poder crear un proyecto eólico o solar, aquí no solo estamos hablando del valor del suelo porque hay una serie de valores sociales públicos como son la insolación, el viento, como es el patrimonio natural, que son patrimonio de todos, y eso se debe valorar, creemos que se está actuando de una forma excesivamente simplificada”.
El diputado de Teruel Existe ha defendido que plantean “un concepto muy similar al que se practica en urbanismo cuando hay una transformación del uso de suelo, es un concepto técnico jurídico que regula cuales son los aprovechamientos objetivos y cuáles son los subjetivos de los que puede apropiarse el inversor y los que deben quedar para el territorio”, y ha recordado que en otros países de la Unión Europea donde se instalan las centrales de energías renovables se repercute en los territorios el 25% o el 33% del beneficio, porcentajes mucho mayores que en España.
“Creemos que se debe caminar en ese sentido, definiendo medidas y coordinando políticas para que de verdad sea un procedimiento de transformación energética que de oportunidades de desarrollo a los territorios donde se implantan, porque si no estaremos repitiendo el mismo vicio que ha sucedido hasta ahora, estaremos implantando en el medio rural actividades que no quieren las ciudades y destinadas exclusivamente a suministrarles energía, y eso no puede ser así, hemos de aprovechar esta ocasión para generar desarrollo competitivo en todo el territorio” ha concluido Tomás Guitarte.
Así mismo, hizo referencia al canon a las eólicas con el objetivo de “revitalizar las zonas del interior”, la mayoría amenazadas por la despoblación, cuya legalidad ha sido reconocida recientemente por el Tribunal Supremo. La sentencia concluye que es una “aportación económica de carácter obligatorio impuesta por ley a las empresas con instalaciones eólicas”, y el alto tribunal reitera que “dicha prestación al fondo, gestionado por un ente público no busca aportar medios económicos con los que financiar el gasto público, sino que persigue una finalidad específica destinada a conceder ayudas a los municipios situados en la zona de afección que sirven para mejorar sus infraestructuras, las condiciones socioeconómicas o impulsar energías renovables”.
Desde Teruel Existe recuerdan que hay comunidades como Navarra que llevan años vinculando los desarrollos de energía eólica con el desarrollo del territorio, y consideran que no se puede permitir la implantación generalizada de energías renovables sin que ello contribuya de forma real y efectiva al desarrollo de la actividad económica de estos territorios, para no caer nuevamente en la mera apropiación extractiva de recursos. España es el país de la Unión Europea que más potencia eólica instaló en 2019, y Aragón concentra casi la mitad.
