El grupo provincial en la DPT lleva a pleno la propuesta de instar a ambas entidades a financiar la ejecución del censo y la retirada de amianto, de obligado cumplimiento en función de la Ley de residuos y suelos contaminados
El grupo provincial de Teruel Existe en la Diputación Provincial de Teruel ha presentado una proposición al próximo pleno para solicitar al Gobierno de Aragón un plan de ayudas a los ayuntamientos para realizar el censo de instalaciones con amianto, así como el calendario para su retirada. Solicitan que la cuantía alcance para cubrir el cien por cien del coste para la realización de ambas actuaciones por parte de los consistorios.
Teruel Existe pedirá que se traslade al Gobierno autonómico esta iniciativa, así como la necesidad de “diseñar y ofrecer un soporte técnico a los ayuntamientos para realizar dicho censo, indicando la herramienta más adecuada (análisis geoestadístico, teledetección, elaboración de directorio de datos…) que permita priorizar la retirada del amianto obedeciendo a criterios de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable”. Por último, instan al Gobierno de Aragón a impulsar la creación de un Plan director de retirada del amianto en Aragón 2025-2030, que integre una comisión para informar sobre las medidas a adoptar, coordinar tareas, señalar procedimientos… Hacer seguimiento de todo el procedimiento.
Asimismo, plantean que la DPT inste al Gobierno de España a “establecer una línea de ayudas que facilite el cumplimiento de la norma a las administraciones públicas para la retirada urgente del amianto en los casos de riesgo alto, antes del 2028.
Los ayuntamientos deben ”localizar, identificar y posteriormente gestionar, aquellas estructuras constructivas que contengan amianto por el carácter de sustancia peligrosa que este material posee”, según lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La Ley señala el plazo de un año desde su entrada en vigor, no solo para censar las instalaciones que contengan amianto sino para establecer un calendario que planifique su retirada y, en todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028. Señala así mismo la comunicación del censo a autoridades sanitarias y medioambientales para la posterior verificación de su retirada.
Beatriz Redón, portavoz del grupo provincial de Teruel Existe en la Diputación, indica que “entendemos que los pequeños y medianos municipios turolenses no pueden asumir el coste que todo esto supone, por eso propondremos en el próximo pleno de la DPT una propuesta en la que queremos instar al Gobierno de Aragón a aprobar un plan de ayudas a los ayuntamientos que financie la elaboración de estos censos, a diseñar y ofrecer un soporte técnico, y que promueva la creación de un Plan director de retirada del amianto en Aragón, que integre una comisión de seguimiento, y también instamos al Gobierno de España a implantar una línea de ayudas que facilite el cumplimiento de esta norma especialmente a las administraciones públicas donde se exige la retirada urgente en los casos de riesgo alto”.
El amianto, material muy utilizado en la construcción y la industria entre los años 1960 y 2000 se colocaba, bajo el nombre comercial de Uralita, fundamentalmente en tuberías de pluviales, cubiertas o tabiques de fibrocemento, en viviendas, edificios públicos e instalaciones agrícolas y ganaderas. Por tanto, aseguran desde Teruel Existe, “es previsible la existencia de muchas de estas estructuras en los municipios turolenses y es conocida la necesidad económica de los pequeños y medianos municipios de la provincia para hacer frente a los gastos de registro y retirada de este material”.
