Denuncian que “las cesiones en la agricultura han sido la moneda de cambio en Europa”
Piden rechazar nuevos modelos de financiación económica que perjudiquen a la provincia. La propuesta se presentará también en el Ayuntamiento de Teruel
Teruel Existe lleva los acuerdos de Mercosur al pleno ordinario de la Diputación Provincial de Teruel del mes de enero, para denunciar las consecuencias sobre el campo turolense.
Explican que el propósito de la UE es contar con un mercado de 260 millones de personas donde vender su industria y servicios, sin embargo, señala la diputada Beatriz Martín, “una vez más, las cesiones en agricultura, han sido la moneda de cambio. Entendemos que la firma de Mercosur es el resultado de la presión de otros sectores económicos frente al poco peso político que tiene el campo en Europa y es importante un apoyo unánime para el sector primario de nuestro país, y de otros países europeos; que no vuelvan a ser una moneda de cambio en detrimento de mantener la agricultura y ganadería en el medio rural”.
Consideran que la reducción de aranceles a los productos agrícolas importados de Mercosur (integrando a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), cuotas y el aumento en el volumen de importaciones de estos productos procedentes de cultivos de cereales y ganadería extensiva, “producirá un serio impacto sobre parte del sector primario de la provincia de Teruel, donde las producciones, tanto agrícolas como ganaderas, están sujetas a procesos de trazabilidad, con elevados estándares sanitarios y siendo productos obtenidos con prácticas sostenibles, respeto ambiental y consideración del bienestar animal”. Denuncian que “si las mercaderías importadas se producen a precios más bajos por no aplicar los mismos estándares de sostenibilidad y de uso de fitosanitarios, los márgenes de beneficio de los agricultores y ganaderos turolenses, disminuirán”.
Por todo ello, piden a los grupos políticos de DPT acuerdo para instar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a que exija un etiquetado obligatorio y transparente donde distinguir el origen de los alimentos y el cumplimiento de normas ambientales y sanitarias, para la protección de productores y consumidores. Se dirigen también a la Unión Europea, para pedir que obligue a la estricta aplicación del Reglamento europeo n.º 1169/2011 para reflejar en los alimentos los ingredientes que contienen y, en todo caso, aplicar modificaciones y la protección adecuada. Asimismo, instan a la Comunidad Autónoma a establecer un mecanismo de control e inspección del etiquetado y la aplicación de sanciones por incumplimiento.
Añaden la solicitud a todos estos organismos para que establezcan mecanismos claros de salvaguarda, como la suspensión automática de cuotas si se detecta diferencia sustancial en los precios y por tanto daño a la economía local.
Y, por último, solicitan manifestar un “apoyo adicional a la PAC para zonas como la provincia de Teruel, con compensaciones por el incremento de la competencia”.
Mejorar la financiación local y autonómica requiere de voluntad política
El grupo provincial de Teruel Existe en la DPT plantea al resto de grupos el debate sobre el sistema de financiación autonómica y local, ante las “diferencias que ha generado entre unos y otros territorios”, considerando que en algunos de ellos ha existido un “abandono estatal”, en contra de los principios constitucionales de equilibrio territorial.
Beatriz Martín ha explicado que presentan la propuesta porque “seguiremos insistiendo en que queremos que se dejen de excusas y que resuelvan el grave problema de la financiación autonómica y local que solo hace que agravar nuestra despoblación. Las provincias con menos recursos, al igual que los pueblos más pequeños, debemos garantizar los derechos y servicios públicos de calidad a la población. Y es que las cuentas no salen si no hay una financiación solidaria. Por eso exigimos al Gobierno del Estado y al de Aragón que se mojen claramente y que apuesten por una financiación clara para todos los pueblos, independientemente de su tamaño”.
Con el ejemplo del incumplimiento del Plan Específico, “con un 96% sin ejecutar”, exigen un esfuerzo inversor con Teruel por parte del Estado, “por tener un déficit histórico con falta de inversiones e infraestructuras que ha lastrado nuestro desarrollo”. Insisten en la necesidad de que el Estado aplique un modelo de financiación solidario, “que en un periodo de tiempo no menor a 30 años, vea corregido su déficit inversor y garantice la atención prioritaria que le permita competir en igualdad de condiciones con otros territorios, no un modelo que agudice aún más los desequilibrios territoriales favoreciendo a las comunidades más ricas a costa de las más necesitadas”. En los puntos de su propuesta solicitan al Gobierno de España que “antes de aprobar un modelo de financiación privilegiada para algún territorio español, salden los déficits históricos con la provincia de Teruel y que se trabaje en un modelo de financiación que no perjudique siempre a los mismos”.
Denuncian que se use un “disfraz de progresismo” para defender las modificaciones de financiación que se anuncian, “puesto que perjudica a Teruel y aumenta la brecha entre nuestra provincia y las más ricas del país”.
Así mismo, piden que se actualice el fondo público de ecualización de las haciendas locales como herramienta para la cohesión territorial y lucha contra la despoblación, con la intención de mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos. Proponen aplicar criterios como: “riesgo de despoblación, densidad de población, ruralidad, estructura demográfica envejecida, distancia en tiempo a los centros de servicios, dispersión de los núcleos de población, orografía, capacidad de recaudación fiscal, tasa de renta per cápita y población estacional en los núcleos de población”
Reclaman también un esfuerzo inversor de las administraciones próximas como el Gobierno autonómico, pidiendo que bonifique el tramo autonómico del IRPF en un 25% para quienes viven en municipios pequeños y en proceso de despoblación de la provincia, aprovechando el desarrollo de la Ley 13/2023, de 30 de marzo, de dinamización del medio rural de Aragón, con criterios de progresividad en renta y tamaño del núcleo de población.
Por último, solicitan al Gobierno autonómico que establezca una reforma de la organización de la participación de las administraciones públicas en el total de los presupuestos que constituyen el gasto público y que modifique el actual reparto, de tal forma que las administraciones locales pasen de gestionar el 12,8 % del gasto público al 20%, mediante un crecimiento paulatino en cinco años.
Esta misma propuesta será defendida por los concejales del Ayuntamiento de Teruel en el próximo pleno ordinario que se celebre.
