El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha iniciado un crowdfunding, un sistema de financiación colectiva que funciona mediante pequeñas contribuciones particulares, como método para respaldar con aportación de fondos los gastos jurídicos que puedan derivarse de las actuaciones que han iniciado ante un contrato irregular en el Ayuntamiento de Mosqueruela, en primer lugar el recurso de revisión del contrato.
Aseguran que la recaudación de fondos derivará en la defensa de los vecinos de Mosqueruela, frente a un contrato que el consistorio firmó en el año 2023 en favor de unos asesores externos. La empresa, con sede en Cuenca, fue contratada para prestar un servicio de asesoramiento y tramitación de las tasas e impuestos municipales sobre renovables, a cambio de recibir el 15% los tributos obtenidos por el consistorio en esa materia.
Tal y como especificó Joaquín Gargallo, “el contrato supone un cúmulo de irregularidades: no se define claramente su objeto, ni el monto económico, ni el tiempo de duración. Además, por su cuantía superior a los 15.000 euros que marca la ley para la contratación directa debería haber salido a licitación pública para que pudieran presentarse otras empresas y no ser adjudicado directamente”.
El concejal de Teruel Existe en Mosqueruela, Joaquín Gargallo, explica que “Este contrato surgió a raíz de las oscuras gestiones y acuerdos del Clúster del Maestrazgo. Es un contrato abusivo y una supuesta y presunta prevaricación y malversación del dinero de todos”.
Los ingresos se pueden realizar a través del enlace de ‘GoFundMe’ https://www.gofundme.com/f/ayuda-gastos-juridicos-por-contrato-irregular-en-mosqueruela. Del mismo modo, es posible ingresar la ayuda por transferencia bancaria.
Recuerdan que tras la denuncia pública de Gargallo, el Ayuntamiento retiró de su propuesta de aprobación por el pleno una factura de casi 105.000 euros para pagar a esta empresa, asunto por lo que edil de Teruel Existe se manifestó satisfecho “dado que nos da la razón” y pidió la revisión del contrato, considerándolo “nulo de pleno derecho al no cumplir los requisitos de la Ley de Contratación Pública”.
Piden que se investigue también el mismo tipo de contrato con la Asociación Viento Alto, con el mismo despacho de asesores, y que “a pesar de las continuas solicitudes de información, nada sabemos, pese a que la asociación está constituida por ayuntamientos y por tanto tienen la obligación de responder de forma transparente”.
Para Gargallo este contrato es “una muestra más de las irregularidades y la alfombra roja desplegada por las administraciones ante el proyecto del ‘Clúster Maestrazgo’”.
