El concejal de Teruel Existe exigió en el Pleno celebrado ayer la anulación de este contrato con una empresa de Cuenca y la dimisión de la alcaldesa
La alcaldesa se ha negado a rectificar y ha retado al edil a acudir a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo
El Ayuntamiento presentó una ampliación de crédito para pagar la factura de 105.000 euros con esta empresa, una cantidad “desproporcionada para un municipio de 540 habitantes“
Teruel Existe exige la anulación del contrato suscrito por el Ayuntamiento de Mosqueruela con una asesoría externa, radicada en Cuenca, por el que esta empresa se queda con el 15% del dinero que se recaude por los impuestos municipales a las renovables. El concejal de Teruel Existe Joaquín Gargallo pidió esta anulación en el Pleno celebrado ayer en esta localidad de la comarca de Gúdar-Javalambre, donde el equipo de Gobierno planteaba una ampliación del crédito presupuestario para hacer frente a una factura de 105.000 euros a favor de la empresa conquense.
Teruel Existe llegó a pedir la dimisión de la alcaldesa, del PSOE, si no resolvía esta situación irregular, a lo que la regidora contestó negándose a ello y retando al representante de Teruel Existe a denunciar los hechos en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. “Pedir la dimisión de un cargo electo no es agradable, pero cuando la política pública está secuestrada por otros intereses es obligado hacerlo, más si cabe ante un acto de desprecio de la normativa básica de contratación pública”, ha afirmado Gargallo, quien ha denunciado que la ampliación de crédito presentada se hacía en base a una factura “sin una relación concreta de trabajos realizados ni referencia alguna al contrato suscrito” entre la empresa y el consistorio para la realización de esos trabajos.
El concejal de Teruel Existe apunta a la irregularidad de toda la operación y advierte premeditación en el proceso tras descubrir “que existe un contrato del Ayuntamiento con esta empresa de Cuenca, fechado en el 2021, por la cantidad de 14.999,99% (más iva), a la que se contrata para asesorar en la modificación en los impuestos y tasas del Ayuntamiento”. Hay que recordar que la normativa de contratación pública fija en 15.000 euros el límite para poder contratar directamente. En este sentido, Gargallo señala además que, con antelación, el Ayuntamiento “modificó el umbral de contratación directa que estaba fijado en las ordenanzas municipales en 3.000 euros”, para elevarlo hasta los 15.000 mencionados, impidiendo de este modo la libre concurrencia competitiva y obtener el mejor precio para los servicios.
“La sorpresa es que aparece después un nuevo contrato relacionado con los mismos asesores y el mismo objeto contractual con fecha del año 2023”, (al que corresponde esa factura de 105.000 euros),
explica Gargallo que critica que este contrato “haya sido ocultado al Pleno” y que “lo consideramos irregular cuando no ilegal”, afirma.
Gargallo se pregunta “¿por qué se contrató una asesoría para modificar los impuestos y tasas del ayuntamiento? Es un trabajo que hacen dentro de su labor habitual los servicios técnicos municipales, que además cuentan para ello con oficinas de apoyo técnico en la DGA y en la Diputación de Teruel, además de que también se puede consultar gratuitamente sobre este punto a otros ayuntamientos con proyectos similares”.
Además, Gargallo enumera un cúmulo de irregularidades dentro del contrato que comienzan por el hecho de que “no se define su objeto ni el monto económico, ni el tiempo de duración, saltándose completamente la legalidad”.
Hay que recordar que la empresa asesora cobra un 15% por cada ingreso que realiza el Ayuntamiento basado en impuestos a las renovables, algo absolutamente inédito en la gestión pública, y que para Gargallo podría considerarse unas “condiciones leoninas” ya que los importes “distan mucho de ser proporcionales al beneficio posible” y además establece “una penalización del 5% al ayuntamiento en caso de ruptura del acuerdo”.
El concejal de Teruel Existe se pregunta por “cómo se llegó a ese porcentaje del 15% y quién recomendó a estos asesores de Cuenca”, con los que se contrató directamente, y por qué se ha mantenido oculto este acuerdo.
Por otra parte, alerta de que el contrato, “al suponer un costo de 105.000 euros, supera ampliamente el límite de los 15.000 euros fijados para la contratación directa, mostrando un desprecio absoluto por la legalidad”. Al no garantizar la concurrencia competitiva que impone la Ley de Contratos Públicos, no solo pone al consistorio ante una situación de riesgo legal, si no que “tampoco cumple con la eficiencia exigible a una administración pública buscando las mejores condiciones y el menor coste”, ni asegura que la empresa cuente con la “mínima solvencia técnica necesaria para cubrir la necesidad de contratación”, añade Gargallo.
Ante la comisión de todas estas irregularidades, Teruel Existe solicita “la dimisión de la alcaldesa y los concejales que conocieran este contrato” del que se pide la anulación, por incumplir la ley y por resultar lesivo para los intereses del municipio. Gargallo ha anunciado ya que “vamos a acudir al Tribunal de Cuentas de Aragón denunciando esta irregularidad, además de presentar reclamación por vía administrativa, y si procede, acudiremos a la jurisdicción contenciosa”.
“Nosotros vemos claramente un posible caso de prevaricación administrativa y de malversación de dinero público”, apunta Gargallo quien añade que “además se ve una clara intencionalidad por los hechos cronológicos: ampliación del umbral de contratación directa, un primer contrato de 14.999,99 euros, y un segundo contrato oculto con un 15% de costes sobre el total percibido por el ayuntamiento y primera factura por un valor de casi 105.000 euros”.
Además, el concejal llama la atención sobre el hecho de que “todo esto se hace sin ninguna explicación ante el Pleno y, por tanto, a la ciudadanía”. “Al final nos debemos a nuestros vecinos, creo que el intento de detraer esta importante cantidad de las arcas municipales exige respuestas claras. Así que, en vista de lo ocurrido, nos vemos obligados a tomar acciones encaminadas a resolver esta barbaridad”, concluye.
