El Movimiento ciudadano destaca que “Corrupción no solo es meter la mano en la caja. También lo es meter el boli -de empresa- en el BOA”
Desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe han mostrado hoy su satisfacción porque en el pleno de ayer en el Congreso no se aprobara el Decreto 7/2025 de medidas “supuestamente contra apagones pero que era una herramienta más para la aceleración de la implantación sin límite y especulativa de renovables, para salvar proyectos judicializados, y para el único beneficio de las empresas del sector energético y de los fondos de inversión que están arrasando el medio rural de este país”. Así lo ha trasladado a los medios el portavoz del grupo de Energía y Medio Ambiente, Ernesto Romeo.
Ha recordado que éste “no es el primer Decreto en esta dirección, sino que ya van unos cuantos, que desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe siempre hemos denunciado. Es evidente que los partidos que han votado en contra tienen cada uno sus intereses, pero la presión de la ciudadanía, desde las plataformas, sobre todo para informar de lo que ocultan, es importante, porque el lobby del sector eléctrico presionan sin parar de forma evidente, solo hay que leerse los titulares de la prensa nacional”, ha alegado.
El Movimiento ciudadano Teruel Existe exige la paralización de la tramitación de instalaciones hasta que no haya una planificación y una ordenación de macro instalaciones y se prioricen el autoconsumo y las comunidades energéticas por encima de todo, “que es lo que beneficia realmente al conjunto del país”. Romeo ha querido incidir en que Teruel Existe lleva tiempo denunciando que “los gobernantes, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, en esta legislatura y en las anteriores, trabajan para fomentar el beneficio de las empresas del sector eléctrico y los fondos de inversión. Es evidente y son todos los partidos que gobiernan y sus diferentes socios”. Ha hecho alusión a la investigación judicial por el caso del exministro Montoro, que fue ministro de Hacienda durante cuatro años en el gobierno de Aznar y otros cuatro con el Gobierno de Rajoy, “y al que investiga la Justicia por legislar para el beneficio de las empresas del sector energético y cobrando por ello”.
El portavoz del grupo de Energía y Medio Ambiente ha trasladado que “lo mismo está haciendo el gobierno del PSOE con sus diferentes socios durante estas 2 legislaturas, siempre con Decretos de urgencia que aceleran las macro renovables y se saltan la legislación ambiental, como hemos visto nuevamente con este Decreto antiapagón que ha sido derogado”
Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía pidiendo ser conscientes de que “hay una captura de políticas públicas constante y que todos los gobernantes trabajan para las empresas del sector energético y los fondos de inversión”. Ernesto Romeo ha incidido: “Corrupción no solo es meter la mano en la caja. También lo es meter el boli -de empresa- en el BOA”.
Teruel Existe lleva tiempo denunciando la captura de políticas públicas en Aragón
Explican que otro exministro, José Manuel Soria, que fue el ministro de Energía en la legislatura de Rajoy, ha trabajado después como asesor de Forestalia, una empresa que tiene puertas giratorias con algunos de los que fueron cargos del cuatripartito en el Gobierno de Aragón anterior, PSOE, PAR y CHA. Y añaden que “En las Cortes de Aragón llevan desde 2019 pidiendo una ordenación y todavía no está. Cuando la hagan no valdrá de nada. Además se aprueban el 96% de proyectos desde el INAGA, en el gobierno anterior y en éste, con similares cifras e incluso con acciones lamentables y deleznables”.
También ha citado la Ley de Energía que aprobó el cuatripartito de Lambán antes de terminar el gobierno, “que era tan ilegal que el propio PSOE nacional se la echó atrás. Y que luego sin ningún pudor la vuelve a poner el PP sobre la mesa, y que votan junto al PSOE. Una ley hecha y redactada explícitamente para el beneficio de las empresas energéticas en Aragón, permitiendo expropiar todavía más a los ciudadanos poniendo parques eólicos y solares, con líneas privadas para un falso autoconsumo, utilizando una ley de expropiación”.
Denuncian que “es muy evidente la captura de políticas públicas” y ante el conflicto de intereses se preguntan “cómo la justicia se puede permitir el lujo de dejar pasar años y años sin actuar, resultando el acto delictivo (supuesto o confirmado), en este caso de la usurpación de la función pública, pasando ante nuestros ojos y (denunciado en juzgados, en prensa una y otra vez) en una consumación que, en el caso de las energías renovables, suponen un quebranto y un daño irreversible, irreparable y sin precedentes, no solo a nuestro medio ambiente, a nuestros pueblos, también a la credibilidad de la propia justicia y de nuestro sistema político, con una impunidad pasmosa. La ciudadanía no lo debe permitir”.
