Recuerdan que las denuncias del Movimiento ciudadano Teruel Existe han propiciado la investigación de la fiscalía sobre más de 70 proyectos en Aragón
Exigen la aplicación de una moratoria al despliegue de renovables
Aragón-Teruel Existe valora positivamente la iniciativa de plantear en el próximo pleno de las Cortes de Aragón una comisión de investigación sobre la implantación de renovables en la Comunidad, que han presentado hoy PP y VOX. Desde la formación se han denunciado en reiteradas ocasiones las irregularidades detectadas en los procedimientos de tramitación y adjudicación de las autorizaciones de proyectos desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en base a las denuncias presentadas por el Movimiento ciudadano Teruel Existe en las fiscalías de las tres provincias aragonesas y también la Fiscalía de Sala de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado.
Tomás Guitarte, portavoz del grupo Aragón-Teruel Existe, ha trasladado que es estrictamente necesario aplicar una moratoria al despliegue de renovables para ordenar este proceso aplicando la normativa y para reconducir un modelo de macro parques en un modelo de comunidades energéticas y autoconsumo. Cabe recordar que esta moratoria ya fue solicitada, en octubre de 2020, en las Cortes de Aragón por profesionales y organizaciones ciudadanas. Y simultáneamente, Guitarte ha defendido la necesidad de llevar adelante una comisión de investigación rigurosa para disponer de un análisis sobre la situación en Aragón a la luz del modelo de generación distribuida que defiende el “paquete de Invierno” de la Unión Europea.
En este sentido, Guitarte ha aludido al informe de la UPRONA de la Guardia Civil a petición de la Fiscalía de Huesca ante la denuncia de Teruel Existe por posible delito ambiental en la evaluación de 15 proyectos de renovables en Aragón. En dicho informe se concluye que “la Administración Autonómica debería haber paralizado los expedientes de autorización (…) deberían haber informado a las empresas de que tenían que presentar un proyecto único a la Administración Central, e invalidar todo lo tramitado hasta entonces. Al no haberlo hecho así, es parecer de esta Fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del vigente Código Penal, por parte de los órganos implicados del Gobierno de Aragón, al haber dictado resoluciones en todo este proceso que, por todas las razones expuestas anteriormente, son absolutamente arbitrarias”. La gravedad de estas afirmaciones, según trasladan desde la formación, “requieren de una investigación y una aclaración de todos los procedimientos de autorización ambiental desde el INAGA”.
Por otra parte, desde Teruel Existe se pidió la dimisión del Director del INAGA, Jesús Lobera, y del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, por la “permisividad y falta de rigor y de garantías en la autorización de proyectos». En rueda de prensa, presentaron las cifras de autorizaciones del INAGA “demostrando que la administración aragonesa se había convertido en un coladero de renovables, con un nulo control medioambiental, y otorgando el visto bueno a prácticamente todos los proyectos (En 2022 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental dio el visto bueno al 96% de los expedientes)”.
La ordenación del despliegue de renovables debe comenzar cuanto antes
Por otra parte, Aragón-Teruel Existe considera que la ordenación de la implantación de proyectos de energías renovables en Aragón es “urgente” y reprochan al cuatripartito que formó el Gobierno anterior no haberlo hecho a lo largo de los cuatro años de legislatura en que gobernaron. Se ha actuado con un Plan Energético de Aragón 2013-2020, caducado desde hace tres años, y redactado con unos objetivos y contexto muy diferentes.
El actual ejecutivo aragonés debe comenzar cuanto antes a actualizar el Plan Energético de Aragón, a aplicar la Ley de ordenación del territorio de Aragón, que exigía la aprobación de una directriz especial vinculante para ordenar el despliegue de energías renovables, y también tiene que aplicar los mapas de paisaje aprobados. La ordenación del despliegue debe llevarse a cabo, apunta el diputado de Aragón-Teruel Existe, de acuerdo con las prescripciones europeas del “Paquete de Invierno”, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, la evaluación ambiental según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Asimismo, exigen al Gobierno autonómico que frene el modelo de macro parques e impulse de manera decidida la generación distribuida, el autoconsumo y las comunidades energéticas, verdaderas herramientas de la transición energética de la que todos los aragoneses y también las empresas pueden ser beneficiarias. “El modelo de desarrollo de renovables hacia el que se dirija Aragón marcará el destino de muchos de nuestros territorios, y lejos de generar empleo o de frenar la despoblación, las prácticas colonialistas y expoliadoras que hemos vivido en los últimos años nos convierten en territorio de sacrificio para seguir impulsando el desarrollo en otras zonas, que acaparan la actividad económica y el empleo”.
