En el acto institucional del Día de la Constitución, critican la elección de la sede de la Agencia Espacial. Solicitan al Gobierno que no apoye el nuevo Reglamento europeo para acelerar las renovables porque incumple principios constitucionales
El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso y diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, junto al senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, han participado en el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. En su transcurso han realizado declaraciones a los medios de comunicación para, en primer lugar, congratularse por la celebración de este día y posteriormente recordar los dos artículos de la Constitución Española con los que realizaron la toma de posesión de sus cargos. Guitarte se ha referido a los artículos 138 y 139 que propugnan un desarrollo en equilibrio territorial y económico y la igualdad para todos los españoles y ha lamentado que la acción del Gobierno “no se encamine hacia la cohesión y el equilibrio territorial”.
Ha aludido al ejemplo del anuncio del Consejo de Ministros de ayer de la elección de la ciudad de Sevilla como la sede de la Agencia Espacial Española, pese a que su orden de convocatoria está recurrida en un proceso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y sin esperar a que se adoptasen medidas cautelares por el procedimiento. Consideran que se incumple la Ley de la Ciencia, que la decisión anunciada tras el Consejo de Ministros no respeta mociones aprobadas por una amplia mayoría del Congreso. Los representantes de Teruel Existe valoran que es una acción que lejos de cumplir con lo que se pregona sobre buscar la cohesión territorial de Españay se mantienen las mismas inercias previas sobre los desequilibrios territoriales. Tomás Guitarte ha expuesto que adjudicar la sede a la cuarta ciudad española en población no es un ejercicio de lucha contra la despoblación ni de cohesión territorial, “no se puede establecer un procedimiento supuestamente encaminado al reparto de oportunidades y al equilibrio territorial y poner unos criterios que se sabe que son imposibles de cumplir para la mayoría de las provincias de la España vaciada, como las infraestructuras, que precisamente el Estado no ha querido ejecutarlas en estos territorios durante décadas ”. Ha manifestado la preocupación porque una parte importantísima de la Constitución, la del desarrollo en equilibrio del conjunto del país que implica igualdad de derechos entres las personas de diferentes territorios, no se está cumpliendo por la acción del Gobierno pese a decirse que se asume. Teruel Existe ha anunciado que seguirán adelante con los recursos judiciales interpuestos, tanto el contencioso administrativo como otros que se estimen convenientes en función de esta última decisión, y confían en que la Justicia les dé la razón.
Piden que este tipo de políticas vertebradoras se asuman con valentía desde el Estado, “apostando verdaderamente por ellas, porque difícilmente podremos reequilibrar el territorio si seguimos llevando las grandes empresas y agencias del Estado a los mismos territorios que siempre”.
Denuncian que el Reglamento europeo para acelerar las renovables incumple principios constitucionales
También han querido alertar sobre la próxima votación del día 13 en la Comisión Europea del Reglamento para acelerar la implantación de energías renovables que, en caso de ser aprobada, permitiría procesos para la autorización de grandes centrales eólicas y fotovoltaicas sin necesidad de estudio de impacto ambiental, sin información pública, sin participación ciudadana, en apenas seis meses y siendo válido el silencio administrativo, provocando que los ayuntamientos de las poblaciones donde se va a implantar ignoren los proyectos que transformarán su territorio. Si es así, ha afirmado, “estaremos incumpliendo principios claves de la Constitución, como es la participación ciudadana, el derecho de los ciudadanos a poder alegar frente a aquello con lo que están disconformes”, además de no respetar los artículos que promulgan la protección del medio ambiente. Entienden que el Gobierno español debe votar que no y el procedimiento se debe hacer con garantías: participación, transparencia, objetividad y concurrencia pública “frente a una tramitación silenciosa y exprés, un total despropósito que debemos impedir; los derechos democráticos deben estar por encima, incluso en situaciones de guerra como la que vivimos”.
